
Un trabajo académico reciente de la Universidad de Alicante concluye que una de cada cinco viviendas ubicadas en partidas rurales del municipio se encuentra en entornos con peligrosidad de inundación. El análisis pone el foco en las zonas diseminadas y en aquellas edificaciones levantadas en las últimas décadas en áreas con dinámica fluvial activa.
Más allá de la cantidad de lluvia, el riesgo se dispara por la litología impermeable del terreno, el abandono del cultivo en antiguas cañadas y la expansión irregular de construcciones en puntos bajos y cercanos a ramblas. Esta combinación favorece una baja infiltración y una escorrentía muy alta, un patrón que ya se manifestó en episodios como las riadas de 1982 y 1997 en Alicante.
Radiografía del riesgo en las partidas rurales
El autor de la investigación, Carles Vaquer Pastor, ha identificado y cartografiado casi 9.000 construcciones en suelo rústico y urbano de las partidas rurales. De ellas, alrededor de 1.800 quedan expuestas cuando se registran lluvias intensas, con afectaciones potenciales tanto a viviendas como a infraestructuras esenciales.
El estudio advierte de dos realidades paralelas: edificaciones en suelo urbano sin servicios públicos básicos y otras levantadas en suelo rústico donde no se estaría cumpliendo la normativa urbanística vigente. Esta mezcla de déficits de planeamiento y ocupación en espacios inundables incrementa el impacto posible en la seguridad y en la calidad de vida de la población residente.
Puntos calientes: Cañada del Fenollar y la red de ramblas
Donde el problema se agrava es en la Cañada del Fenollar, un entorno atravesado por la Rambla de l’Alabastre y su confluencia con la Rambla del Rambutxar. En esta zona, el estudio estima que hasta el 40% de unas 1.320 construcciones, entre urbanas y rústicas, se sitúan en áreas con notable probabilidad de inundación.
La exposición afecta también a equipamientos, con especial mención al CEIP Cañada del Fenollar. Según el trabajo, en episodios de lluvias fuertes se han producido interrupciones en el acceso a servicios básicos y a redes de comunicación, una situación que agrava la vulnerabilidad de las familias y del propio alumnado.
Cómo se hizo el análisis
El equipo, dirigido por los docentes Pablo Giménez Font y Antonio Prieto Cerdán, combinó información del Catastro y del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) con datos del Instituto Cartográfico Valenciano y del INE. Esta base permitió dibujar un mapa detallado de las áreas con mayor peligro.
Además de las fuentes institucionales, se recurrió a imágenes satelitales y a entrevistas con vecinos para integrar la lectura física del territorio con su impacto social. Con esa metodología, el estudio detecta viviendas irregulares cerca de ramblas y zonas deprimidas, justamente donde la lámina de agua puede concentrarse y cortar accesos.
El papel del terreno y el cambio de usos
Las partidas rurales presentan cañadas de fondo plano de aprovechamiento agrícola tradicional hoy en retroceso, sustituidas en parte por ocupación residencial dispersa. El abandono agrícola, sumado a la presencia de margas impermeables, ha reducido la infiltración y acelerado la escorrentía superficial, amplificando la peligrosidad en tormentas.
Ese modelo de ocupación diseminada, reciente y a menudo irregular, ha dejado edificaciones en enclaves con dinámica hidrológica activa. El resultado es un mosaico de parcelas donde la lluvia intensa encuentra poca capacidad de absorción y vías naturales para concentrarse y desbordar.
Impacto social y respuesta institucional
Según el autor, la población local no solo convive con la inseguridad física propia de las inundaciones, sino con la falta de apoyo adaptado en caso de necesidad. La Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar ha denunciado saturación en el ambulatorio y en el colegio, deficiencias en la recogida de residuos y un aumento de la inseguridad, reclamando mayor implicación municipal.
En el plano administrativo, la entidad vecinal ha recabado apoyos de la Guardia Civil, especialmente del SEPRONA, y de la Subdelegación del Gobierno. Por su parte, el servicio municipal reconoce la gravedad del problema y estudia acciones urgentes, como mejorar la coordinación entre la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la Concejalía de Urbanismo y la propia Guardia Civil.
El estudio recuerda además la situación del CEIP Cañada del Fenollar, donde se instalaron aulas prefabricadas hace casi dos décadas y se anunciaron obras hace seis años para reforzar la seguridad del centro. El proyecto, señalan, está en manos del Ayuntamiento, que debe licitar las actuaciones pertinentes.
Medidas sobre la mesa y retos pendientes
Entre las líneas de trabajo citadas por las administraciones y la comunidad, destacan la necesidad de reforzar el control urbanístico en zonas inundables, mejorar el mantenimiento de cauces y ramblas, y priorizar accesos seguros para emergencias en episodios de lluvia intensa.
También se plantea impulsar sistemas de alerta y protocolos de protección civil adaptados a las particularidades de las partidas rurales, junto con inversiones en servicios básicos que reduzcan la vulnerabilidad social de quienes viven en estos entornos.
Con los datos disponibles, Alicante encara un reto que combina geografía, planeamiento y cohesión social: 1 de cada 5 viviendas rurales mapea un riesgo que se concentra en puntos críticos como la Cañada del Fenollar y que exige coordinación institucional, criterios urbanísticos claros y soluciones prácticas que protejan a las personas y al territorio.