En España, la mayoría de las estaciones urbanas que miden la contaminación generada por el tráfico no están donde deberían. Así lo señala un amplio análisis de Ecologistas en Acción, que ha revisado la situación de los medidores oficiales en las principales ciudades del país a la luz de la nueva normativa europea sobre calidad del aire.
El estudio concluye que tres de cada cuatro medidores urbanos de la contaminación del aire están mal ubicados. Esto significa que los datos que ofrecen muchas estaciones no reflejan la exposición real de la población a los contaminantes, especialmente en las calles con más tráfico y en los entornos más sensibles, como zonas residenciales densas, colegios u hospitales.
Un informe que pone en cuestión la red de medición urbana
El documento, titulado “Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español”, examina la red oficial de estaciones de calidad del aire orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas. Se incluyen las 17 aglomeraciones de más de 250.000 habitantes y varias urbes medianas, con el objetivo de cubrir al menos un núcleo urbano por comunidad autónoma y centrarse en los puntos donde se registran las mayores concentraciones de contaminantes.
Para cada ciudad se ha seleccionado la estación que suele medir los niveles más altos de polución, como las ubicadas en grandes ejes viarios o en calles especialmente congestionadas. El análisis no se limita a comprobar si los aparatos existen o funcionan, sino que profundiza en algo igual de importante: dónde están colocados exactamente esos medidores y si su emplazamiento cumple los nuevos requisitos europeos.
La ubicación de estas estaciones es, según la organización, uno de los puntos más polémicos de la gestión de la calidad del aire. Durante años, numerosas administraciones locales y autonómicas han optado por mover las estaciones más “problemáticas” —las que registraban cifras más elevadas, sobre todo ligadas al tráfico— a calles secundarias o entornos menos afectados, con el argumento de adaptarse a los criterios legales de ubicación.
Esa práctica, calificada por los ecologistas como “abusiva” y extendida también en otros países europeos, ya fue cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia dictada en 2019 sobre el caso de Bruselas. A raíz de ese fallo, la UE endureció los requisitos de la nueva normativa comunitaria sobre calidad del aire, hoy recogidos en la Directiva 2024/2881.
Qué exige la nueva directiva europea
La nueva legislación europea establece que los puntos de muestreo destinados a proteger la salud humana deben seleccionarse de forma que ofrezcan información fiable sobre las concentraciones reales en los puntos críticos de contaminación dentro de las zonas urbanas. Se priorizan áreas especialmente sensibles: barrios residenciales, centros educativos, hospitales, residencias y zonas de oficinas, entre otras.
Cuando el objetivo es analizar la aportación del tráfico rodado, la directiva es clara: las estaciones tienen que instalarse en las calles donde se esperan las mayores concentraciones, considerando el volumen de vehículos, la configuración urbana y las condiciones locales de dispersión. Eso incluye los conocidos “desfiladeros o cañones urbanos”: calles estrechas flanqueadas por edificios altos donde el aire se renueva peor y los contaminantes se acumulan con facilidad.
Además, para cada zona urbana se fija un número mínimo de puntos de muestreo que, en todo caso, debe incluir al menos una estación situada en un punto crítico de contaminación. Ese requisito afecta a la medición de contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión PM10 y PM2,5, el benceno o el monóxido de carbono (CO), todos ellos muy vinculados al tráfico.
A nivel técnico, la normativa concreta incluso parámetros como la altura y la distancia a la calzada de las bocas de muestreo. Los medidores no pueden situarse a más de unos pocos metros de la vía principal —se marca un máximo de 10 metros— ni a alturas excesivas, ya que un sensor colocado demasiado lejos de los tubos de escape tiende a registrar concentraciones artificialmente más bajas.
La directiva obliga también a considerar criterios de “macroimplantación” y “microimplantación”. En el primer caso, se analiza el tipo de entorno (urbano, suburbano o rural), la densidad de edificaciones o la estructura viaria. En el segundo, se revisan las condiciones inmediatas del punto: obstáculos físicos, proximidad exacta a la fuente emisora, presencia de zonas verdes o de espacios abiertos que alteren la dispersión de los contaminantes.
Resultados del estudio: 19 de 25 estaciones, fuera de lugar
Aplicando estos criterios, Ecologistas en Acción concluye que tres cuartas partes de las estaciones estudiadas —19 de 25— presentan algún tipo de incumplimiento, ya sea parcial o total. Dicho de otro modo, solo un grupo minoritario de medidores cumple razonablemente lo que exige la nueva normativa comunitaria.
Las deficiencias detectadas son variadas, pero el informe subraya varias tendencias comunes. En seis grandes aglomeraciones —Barcelona, Bilbao, Elx/Elche, Granada, Santander y Valladolid— las estaciones urbanas orientadas al tráfico no están instaladas en calles donde se prevé la mayor concentración de contaminantes. Es decir, no se encuentran en verdaderos puntos críticos, por lo que sus datos apenas reflejan la peor calidad del aire que puede registrarse en esas ciudades.
En otras urbes el problema es aún más básico: sencillamente no existe ninguna estación específica de tráfico. Es el caso de Badajoz, Guadalajara y Logroño, donde la única estación disponible se sitúa en un entorno de fondo urbano, lejos de los grandes ejes viarios. Eso impide evaluar con precisión el impacto real de la circulación sobre la salud de la población.
El estudio destaca que las principales carencias se concentran, no tanto en la elección del barrio o del distrito, como en la microimplantación concreta del punto de medida. Es decir, hay estaciones formalmente ubicadas en áreas con tráfico significativo, pero la boca de muestreo está demasiado alta, demasiado alejada de la calzada o protegida por edificaciones y espacios que reducen su representatividad.
Entre los casos más llamativos figuran los de Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, donde se han detectado alturas de muestreo muy por encima de los niveles recomendados. También se mencionan numerosos ejemplos de estaciones situadas a más de 10 metros del borde de la calzada, lo que contradice los parámetros técnicos de la directiva y tiende a rebajar las concentraciones registradas.
Ciudades y casos concretos: qué está fallando
El informe desglosa ciudad por ciudad la situación de los medidores seleccionados. En Euskadi, por ejemplo, organizaciones ecologistas han denunciado la mala ubicación de los medidores situados en Bilbao (calle María Díaz de Haro), San Sebastián (Easo) y Vitoria-Gasteiz (Avenida Gasteiz). En este último caso, la estación se encuentra en un aparcamiento residencial, alejada del flujo principal de vehículos y con una altura de muestreo que llega a superar varias decenas de metros, algo totalmente alejado de las condiciones de respiración de los peatones.
En ciudades como Madrid, Málaga, Vigo, Vitoria-Gasteiz, A Coruña, Alicante, Donostia/San Sebastián, Badajoz, Elx/Elche o Logroño, el principal problema tiene que ver con la distancia entre el medidor y la calzada. Muchos de estos puntos se han instalado a más de 10 metros del borde de la vía principal, o incluso en edificios o azoteas, lo que puede disminuir notablemente las cifras de NO2 y partículas en comparación con lo que se respira a pie de calle.
Otro ejemplo ilustrativo es el de Guadalajara. Allí, la única estación analizada está situada en la calle Atienza, en un entorno residencial con tráfico moderado, espacios verdes y una red viaria secundaria. La vía con mayor volumen circulatorio, la calle Constitución, queda lo bastante alejada como para no influir de manera significativa en las concentraciones medidas. Según Ecologistas en Acción, esto impide conocer de forma fiable a qué niveles de contaminación por tráfico están realmente expuestos los vecinos.
En el caso de Murcia, la estación de San Basilio se ubica cerca de la Ronda Oeste, uno de los grandes ejes viarios de la ciudad, pero el punto de muestreo no se encuentra lo suficientemente próximo a esa vía como para cumplir los nuevos criterios europeos. La organización ecologista plantea que se estudie su traslado a un enclave verdaderamente crítico y que se revisen también otras estaciones de la zona, como las de Alcantarilla o Ronda Sur.
La situación es similar en numerosas capitales: el medidor existe, pero su emplazamiento concreto reduce la capacidad de detectar los máximos niveles de polución. Así, los registros oficiales pueden dar la impresión de que el aire está dentro de los límites legales, cuando en las calles con más tráfico los valores reales pueden superar con creces las recomendaciones sanitarias.
Las pocas que cumplen: seis ciudades mejor situadas
Frente a este panorama, el informe identifica un grupo reducido de ciudades donde las estaciones de tráfico analizadas cumplen de manera mayoritaria los requisitos de macroimplantación y microimplantación recogidos en la normativa europea. Se trata de Gijón/Xixón, Palma, Pamplona/Iruña, Sevilla, València y Zaragoza.
En el caso de Gijón/Xixón, por ejemplo, se considera que la estación de la avenida de la Constitución presenta una localización adecuada para medir la contaminación ligada al tráfico. Sin embargo, la propia organización recuerda que en la ciudad existen otros cinco medidores cuya ubicación debería revisarse, con el fin de garantizar que al menos la mitad de los puntos de la red se sitúen en enclaves considerados críticos.
Algo parecido ocurre en las restantes ciudades “cumplidoras”: Palma, Pamplona, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Las estaciones de tráfico analizadas se ajustan de forma razonablemente correcta a las exigencias de la directiva, pero en muchos casos hay otros puntos de medición que siguen planteando dudas y que, según el informe, también deberían someterse a revisión.
En conjunto, el panorama que dibuja el estudio es claro: solo una pequeña parte de la red urbana de medición cumple adecuadamente su función de representar la exposición de la población a los contaminantes más preocupantes. La mayoría de estaciones presenta una adecuación limitada o claramente insuficiente frente a los nuevos estándares europeos.
Implicaciones para la salud pública y para las políticas urbanas
La mala ubicación de las estaciones no es un detalle menor ni una cuestión puramente técnica. Los datos oficiales de contaminación son la base sobre la que se diseñan las políticas de movilidad, se activan protocolos anticontaminación y se informa a la ciudadanía sobre los riesgos para su salud. Si esos datos no reflejan la realidad de las calles más afectadas, las decisiones pueden quedarse cortas.
Ecologistas en Acción recuerda que la contaminación atmosférica urbana se asocia en España a decenas de miles de problemas de salud y a miles de muertes prematuras cada año, y que la falta de mediciones fiables contribuye a retrasar o rebajar la intensidad de las medidas necesarias, desde restricciones al tráfico hasta cambios en el urbanismo o en el transporte público.
Cuando un medidor se sitúa en una calle tranquila o en un edificio elevado en lugar de a pie de calzada, es probable que no registre las superaciones de los valores límite marcados por la legislación. De este modo, una ciudad puede aparecer formalmente como cumplidora de los estándares, aunque haya barrios o ejes viarios donde los vecinos estén respirando niveles de NO2 o de partículas claramente superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
La organización ecologista sostiene que esta situación genera una percepción social distorsionada: la ciudadanía cree que el aire es aceptable porque las cifras oficiales así lo indican, cuando en los puntos más expuestos la calidad del aire puede ser sensiblemente peor. Y, sin una fotografía precisa del problema, resulta más difícil justificar medidas impopulares pero necesarias, como limitaciones al vehículo privado en ciertas zonas o la ampliación de las zonas de bajas emisiones.
La propia Unión Europea ha detectado, en los últimos años, que numerosas ciudades trataban de “suavizar” sus datos desplazando medidores desde calles conflictivas hacia entornos menos contaminados. La nueva directiva busca precisamente cerrar esa puerta y asegurar que la red de control no se utilice para maquillar la contaminación, sino para medirla de forma representativa y comparable en toda Europa.
Lo que piden los ecologistas: plazos, guía técnica y participación
Ante el diagnóstico obtenido, Ecologistas en Acción plantea un conjunto de medidas para aprovechar la transposición de la directiva europea al ordenamiento español. La principal demanda es que el Gobierno incluya en la nueva normativa un plazo máximo de un año para que las administraciones competentes revisen y, cuando sea necesario, reubiquen las estaciones urbanas orientadas al tráfico.
La organización propone que, al término de ese periodo, cada aglomeración cuente con al menos una estación situada en un auténtico punto crítico de contaminación, y que el diseño global de la red asegure que una parte significativa de los medidores se coloca en las zonas de mayor exposición, no en las más favorables.
Para evitar diferencias excesivas entre territorios, los ecologistas reclaman también que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elabore una guía técnica dirigida a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Ese documento debería detallar los criterios de macro y microimplantación, así como los procedimientos para justificar la elección de cada punto mediante modelización atmosférica y mediciones indicativas previas.
Otro elemento que se considera clave es la participación ciudadana en el proceso de revisión. La propuesta pasa por abrir consultas públicas y canales de información que permitan a vecinos, asociaciones y organizaciones sociales formular alegaciones y sugerencias sobre la ubicación de los medidores en sus barrios.
Ecologistas en Acción insiste en que no se trata solo de instalar más aparatos ni de cambiar de sitio algunos sensores, sino de rediseñar la red de control para que responda al propósito para el que fue creada: registrar de manera rigurosa el aire que respira la gente, especialmente allí donde el tráfico y la morfología urbana favorecen las concentraciones más elevadas.
En conjunto, la investigación dibuja un escenario en el que la calidad del aire urbano puede estar subestimada en buena parte de España debido a la mala ubicación de los medidores, pero también apunta una vía clara de mejora: aplicar de forma estricta los nuevos criterios europeos, someter a revisión los puntos de muestreo y reforzar la transparencia en la gestión de los datos, para que la población sepa con mayor precisión qué está respirando en las calles de sus ciudades.