El Tratado Global de los Océanos, conocido también como Tratado de Alta Mar o BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), dará un giro de tuerca a la protección de la alta mar a partir del 17 de enero, fecha en la que entra oficialmente en vigor. Tras casi dos décadas de negociaciones, el texto ha reunido la firma de 145 países y la ratificación de 81 Estados, el mínimo necesario para ponerse en marcha.
Aunque la mayoría de la comunidad internacional se ha alineado con este nuevo marco, Estados Unidos continúa sin ratificarlo pese a haberlo firmado bajo la Administración Biden. Esta ausencia contrasta con el respaldo mostrado por la Unión Europea y con la posición de países como España, que han apostado por impulsar el acuerdo en un contexto en el que, según numerosas ONG, la agenda climática y oceánica se ha visto frenada por decisiones como las adoptadas durante la presidencia de Donald Trump.
Un tratado clave para la Agenda 2030 y la biodiversidad marina
El nuevo marco jurídico se asienta sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero va un paso más allá al reforzar las normas para conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad marina en aguas fuera de las jurisdicciones nacionales. En la práctica, abre la puerta a una cooperación más estrecha entre países y otros actores para ordenar un espacio que hasta ahora estaba poco regulado.
Este refuerzo normativo se considera fundamental para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal. Ambos instrumentos internacionales recogen metas como la protección de al menos el 30% de los mares y océanos de aquí a 2030, un propósito ambicioso que, según organizaciones ecologistas, solo será posible con herramientas específicas para la alta mar.
Una de las columnas vertebrales del tratado es su apuesta por un reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, considerados cada vez más valiosos para la investigación, la farmacología o la biotecnología. La idea es que los avances y beneficios económicos asociados a estos recursos no queden concentrados en unos pocos países o empresas, sino que se compartan «en beneficio de toda la humanidad».
Además, el texto contempla la creación de zonas marinas protegidas en alta mar para salvaguardar hábitats esenciales, especies vulnerables y ecosistemas de fondos marinos. Estas áreas deberán ir acompañadas de mecanismos de gestión y control, así como de evaluaciones de impacto para actividades económicas como la pesca industrial, el transporte marítimo o la posible minería submarina.
El acuerdo incorpora también la obligación de considerar cómo estas actividades afectan al cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos acumulativos. Se trata de establecer un marco internacional que permita valorar de forma previa los posibles daños y fijar límites o condiciones para las operaciones en alta mar.
Cooperación, financiación y tecnología para países en desarrollo
Otro pilar del tratado es su apuesta por la cooperación internacional y la transferencia de tecnología marina. El texto reconoce que muchos países en desarrollo carecen de medios técnicos y económicos para controlar la alta mar o para aplicar las medidas de conservación que se van a exigir.
Por ello, se prevé apoyar a estas naciones con capacidades científicas, formativas y tecnológicas, así como con un sistema financiero específico para costear la implementación del acuerdo. De esta forma, se pretende evitar que el tratado se quede en el papel por falta de recursos y garantizar que todos los Estados parte puedan cumplir sus compromisos.
Entre las herramientas previstas se encuentra un mecanismo para resolver disputas entre países, algo clave en un ámbito donde confluyen intereses pesqueros, comerciales, energéticos y científicos. Este mecanismo busca prevenir conflictos prolongados y ofrecer una vía de arbitraje cuando surjan discrepancias sobre la aplicación de las normas en alta mar.
El origen del BBNJ se remonta a 2004, cuando se iniciaron las primeras discusiones sobre cómo abordar el vacío regulatorio en la alta mar. Sin embargo, el impulso definitivo se ha concentrado en los dos últimos años, coincidiendo con una etapa en la que, según denuncian las ONG, las negociaciones sobre clima y océanos han sido pospuestas o frenadas por algunos gobiernos clave.
En este contexto, el hecho de que se haya logrado alcanzar el umbral de ratificaciones necesario se interpreta como una señal de que el multilateralismo sigue funcionando en materia ambiental, pese a las tensiones geopolíticas y a las retiradas de determinados países de foros internacionales relacionados con el clima, el agua o los océanos.
La alta mar, pieza esencial para el clima y la alimentación
Organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Alianza de Alta Mar y Greenpeace llevan años presionando para alcanzar un acuerdo de estas características. Sus representantes coinciden en que proteger la alta mar es indispensable no solo para las especies marinas, sino también para la vida humana tal y como la conocemos.
La doctora Heidi Weiskel, gerente sénior del Programa de Océanos de la UICN, recuerda que la alta mar proporciona buena parte de los recursos pesqueros y productos marinos de los que depende nuestra alimentación, al tiempo que ayuda a regular el clima a escala planetaria. En su opinión, la sociedad empieza a entender que, si se sigue degradando este espacio, se pone en riesgo el bienestar humano.
Weiskel subraya que, a diferencia de la crisis climática, cuyos efectos globales pueden resultar más difíciles de visualizar, las acciones sobre los océanos generan resultados tangibles y relativamente rápidos: cierres de pesquerías, creación de áreas protegidas o reducción del ruido submarino pueden traducirse en mejoras apreciables en la salud de los ecosistemas.
La experta confía en que, si el tratado se aplica con ambición y se logran frenar las presiones más intensas sobre determinadas especies y hábitats, podríamos empezar a observar signos de recuperación en algunos ecosistemas de alta mar en plazos más breves de lo que se suele pensar. Señala que hay comunidades marinas que responden con rapidez cuando se reducen la sobrepesca, el ruido o la contaminación directa.
Al mismo tiempo, el texto abre la puerta a medidas como la reducción de la velocidad de los buques y del ruido en corredores migratorios, algo que podría aliviar el estrés de cetáceos y otras especies que dependen de largas rutas oceánicas. Según diversas ONG, la implementación de estas disposiciones debería contribuir a recortar también las prácticas ilegales en la alta mar, desde la pesca no declarada hasta otras actividades sin control suficiente.
Un multilateralismo que permite decidir por mayoría cualificada
Una de las organizaciones que más ha empujado el BBNJ es la Alianza de Alta Mar, una coalición de entidades en la que participa la propia UICN. Para su asesora de Estrategia y coordinadora para la Unión Europea, Nathalie Rey, el nacimiento del tratado es un claro ejemplo de que, incluso en tiempos complicados, los países pueden ponerse de acuerdo para sacar adelante normas ambiciosas de protección ambiental.
Rey destaca especialmente el componente de equidad, justicia y reparto de beneficios recogido en el texto, que ha sido decisivo para recabar apoyos de Estados con capacidades y necesidades muy diferentes. El tratado no se limita a conservar la biodiversidad, sino que también pretende asegurar que los recursos y oportunidades asociados a la alta mar se distribuyan de forma más equilibrada.
De cara a la futura gobernanza del océano, uno de los elementos más llamativos del acuerdo es el sistema de toma de decisiones en la Conferencia de las Partes (COP) del BBNJ. Aunque el consenso seguirá siendo la vía preferente, cuando este no se alcance será posible aprobar determinadas medidas por una mayoría de tres cuartos, lo que evita que un pequeño grupo de países pueda bloquear indefinidamente decisiones relevantes.
Este mecanismo se aplicará, por ejemplo, al establecimiento de herramientas de gestión basadas en áreas, como las zonas protegidas en alta mar, y a otras decisiones técnicas necesarias para la puesta en práctica del tratado. Según la Alianza de Alta Mar, esta fórmula busca equilibrar la necesidad de avanzar con la voluntad de mantener la legitimidad de las decisiones adoptadas.
Aunque todavía quedan muchos detalles logísticos y organizativos por definir de cara a la primera COP, prevista en el plazo aproximado de un año, ya hay numerosos gobiernos, centros de investigación y organizaciones que están preparando propuestas de áreas a proteger y de medidas de gestión para presentarlas en ese foro internacional.
España, pionera en la UE y llamada a liderar nuevas áreas protegidas
En el ámbito europeo, España ha jugado un papel especialmente activo. Fue el primer país de la Unión Europea en ratificar el Tratado Global de los Océanos, un gesto que se formalizó el 4 de febrero en un acto en el que la ministra de Transición Ecológica y representantes de ONG como Greenpeace compartieron escenario.
Para Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, se trata de un «acuerdo fundamental» que, sin embargo, llega más tarde de lo deseable dada la urgencia de la crisis oceánica. A su juicio, el hecho de que el BBNJ haya salido adelante se explica porque es «súper necesario» y porque existe una conciencia creciente de que sin océanos sanos la vida humana se ve seriamente comprometida.
El tratado es la herramienta llamada a hacer posible el compromiso de proteger al menos el 30% de mares y océanos de aquí a 2030, un objetivo que exige designar cada año áreas marinas protegidas que, sumadas, equivalgan a más de doce millones de kilómetros cuadrados. Para hacerse una idea, sería como añadir anualmente una superficie similar a la de Canadá a la red de espacios protegidos marinos.
En el caso concreto de España y su entorno, Greenpeace y otras organizaciones han identificado zonas prioritarias en el Atlántico nororiental. Entre ellas figura un área situada frente a la costa occidental de África, donde confluyen las corrientes de Canarias y Guinea, considerada de alto valor ecológico y muy expuesta a presiones humanas.
Las ONG reclaman que el Gobierno español lidere o, al menos, respalde activamente la protección de esta región y de otras áreas que se propongan en el marco del tratado. Cuantos más países se sumen y apoyen estas designaciones, señalan, más ágil será el proceso y más cerca se estará de alcanzar el llamado objetivo 30×30 en los plazos previstos.
Expectativas, tiempos y posibles efectos a corto plazo
Aunque la experiencia con otros acuerdos ambientales internacionales indica que los grandes objetivos suelen tardar décadas en cumplirse, en el caso del BBNJ distintos expertos apuntan a que podría haber mejoras visibles en plazos relativamente cortos si se aplican medidas firmes desde el principio.
La doctora Weiskel recuerda que hay especies y comunidades marinas que muestran una recuperación sorprendentemente rápida cuando se reducen las presiones directas, como la sobrepesca, la destrucción de hábitats o el ruido intenso y continuado. No obstante, reconoce que es «muy optimista» esperar resultados en apenas un par de años, ya que muchos procesos ecológicos requieren más tiempo.
Las organizaciones ambientales también confían en que el nuevo marco contribuya a disminuir las actividades ilegales en alta mar, gracias a reglas más claras, sistemas de control mejorados y obligaciones compartidas entre los Estados. Un mar con menos pesca furtiva, menos vertidos y menos ruido industrial sería un escenario mucho más favorable para la biodiversidad.
En paralelo, la entrada en vigor del tratado coincide con un momento en el que, según diversas ONG, la agenda climática global ha sufrido retrocesos o bloqueos por parte de algunos gobiernos. El BBNJ se interpreta, por tanto, como un contrapeso positivo: una señal de que, pese a las resistencias, es posible reforzar la protección del planeta mediante acuerdos multilaterales robustos.
El texto incorpora un conjunto de instrumentos financieros, de cooperación técnica y de resolución de conflictos pensados para facilitar su aplicación práctica. La intención es que el BBNJ se coordine con otros marcos globales, como la Agenda 2030 y el Marco Kunming-Montreal, para alinear la protección de los océanos con los objetivos de desarrollo sostenible y con las metas de conservación de la biodiversidad.
Con todo este entramado jurídico y político, el Tratado Global de los Océanos arranca su andadura con una mezcla de prudencia y esperanza: la prudencia de saber que sus logros no serán inmediatos y la esperanza de que, si los países lo toman en serio y se traducen las palabras en acciones concretas, la alta mar puede pasar de ser un espacio casi sin reglas a un pilar clave de la seguridad alimentaria, climática y ecológica del planeta.
