El Acuerdo de París es un hito sin precedentes en la historia del cambio climático, un acuerdo global firmado por más de 195 países en 2015 durante la COP21 en París. Este acuerdo busca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, y esforzarse por limitarlo a 1.5 grados para mitigar los efectos más devastadores del cambio climático. El Acuerdo de París ha sido reconocido como un paso crucial hacia una transición ecológica y justa, ofreciendo una oportunidad para que los países se comprometan a adoptar políticas más ambiciosas que aseguren un futuro sostenible para las próximas generaciones.
A pesar de este contexto motivador y de la urgencia con que se plantea la crisis climática, la acción de España en este ámbito ha sido moderada y en ocasiones, decepcionante. Esto es especialmente preocupante dado que España se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, hasta la fecha, el país no ha ratificado el Acuerdo de París de manera efectiva, lo que plantea interrogantes sobre su compromiso real con la lucha global contra el cambio climático.
Las organizaciones ecologistas españolas, como Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife, han expresado su descontento ante la inacción del gobierno español durante la cumbre del clima celebrada en Marrakech (COP22). En particular, el gobierno presidido por Mariano Rajoy se ha visto criticado por su falta de liderazgo, lo que se manifiesta en su decisión de no ratificar el Acuerdo de París y en la ausencia del presidente en esta cumbre, lo que muchos interpretaron como una clara señal de cómo se priorizan otros temas en su agenda política.
La situación ha empeorado en el contexto reciente, donde España ha retrocedido en su compromiso con el cambio climático en comparación con otros países europeos. Según datos recientes, naciones como Alemania, Francia, Portugal, Suecia e incluso el Reino Unido post-Brexit han tomado la delantera en la implementación de políticas climáticas. Esto evidencia que el gobierno español se ha quedado rezagado en la adopción de políticas efectivas que aborden la crisis climática, en un momento en que la acción rápida y decidida es indispensable.
A finales de la cumbre del clima en Marrakech, las organizaciones ecologistas instaron a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en España a convertir la lucha contra el cambio climático en un eje central de la legislación actual, enfatizando que sería un considerable fracaso no hacerlo. Es fundamental que todos los actores políticos en el país reconozcan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para implementar medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y fomenten la transición hacia una economía baja en carbono. Además, las lecciones aprendidas en el ámbito internacional sobre el cumplimiento del Acuerdo de París son esenciales para informar y mejorar las estrategias locales.
Un elemento clave en la crítica hacia el gobierno de España es la falta de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que cumpla con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Según diversos informes, el PNIEC de 2021-2030 establece una meta de reducción de emisiones del 21% en comparación con los niveles de 1990, pero no considera que, desde 1990, las emisiones han aumentado un 18%. Por tanto, en el mejor de los escenarios, España permanecería en los mismos niveles de emisiones en 2030 que los de 1990, lo que es inaceptable dado que el Acuerdo de París estipula una reducción de al menos el 40% de las emisiones.
La crisis climática y la pandemia de COVID-19 han planteado desafíos únicos para los gobiernos de todo el mundo, pero también han presentado la oportunidad de rediseñar las economías hacia patrones más sostenibles. En este sentido, la recuperación económica post-COVID debe incorporar medidas que no sólo promuevan la salud económica, sino que también sean responsables y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Los gobiernos deben ser audaces y proponer políticas que no sólo cumplan con los objetivos del Acuerdo de París, sino que también superen esos compromisos al abordar la crisis climática de manera efectiva. El apoyo de Europa, como se ha demostrado con la participación de China y Europa en el Acuerdo de París, puede ser crucial para lograr estos objetivos.
Con el fin de fortalecer sus compromisos internacionales, España debe trabajar para alcanzar un objetivo de reducción de al menos el 55% de sus emisiones para 2030. De no hacerlo, se corre el riesgo de perpetuar la inacción climática y aumentar la vulnerabilidad del país a un futuro cada vez más incierto debido a los efectos del cambio climático. Las voces de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, se han hecho escuchar, exigiendo acciones inmediatas y decisivas en la lucha por un futuro sustentable.
Para lograrlo, es fundamental que las organizaciones como Greenpeace y otros grupos ecologistas sigan presionando a los gobiernos para que cumplan con las metas climáticas y se comprometan a acciones concretas. La movilización social es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, y la presión pública puede influir en las decisiones políticas, alentando a los gobiernos a actuar de acuerdo con lo que la ciencia exige. Por ejemplo, la situación actual en Alemania muestra la urgencia de estas medidas.
Las metas climáticas deben ser ambiciosas y estar en línea con las recomendaciones de expertos y científicos, argumentando que cualquier acción que no esté alineada con la ciencia solo prolongará los efectos devastadores del cambio climático. La participación activa en las cumbres climáticas, como las COP y la implementación de políticas que realmente reduzcan las emisiones son pasos fundamentales que deben ser asumidos por el gobierno español. Las futuras generaciones dependerán de las decisiones que se tomen hoy en día, por lo que es esencial actuar ya para evitar un futuro catastrófico.
Los impactos del cambio climático no son escenarios distópicos lejanos; ya estamos creando un presente lleno de crisis, sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos que afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, tanto en España como en el resto del mundo. Por ello, es vital que las políticas climáticas sean inclusivas y equitativas, buscando asegurar la justicia social en la transición hacia un futuro sostenible.
El Acuerdo de París representa una oportunidad única que España debe aprovechar, actuando con rapidez y determinación para cumplir con su compromiso de combatir el cambio climático. El tiempo para actuar es ahora, y la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, para garantizar un futuro viable y saludable para todos. Es momento de transformar las palabras en acciones efectivas que protejan a nuestro planeta y a todos sus habitantes.
