La desertificación está ganando terreno en España, poniendo en riesgo la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de diversas regiones. Aunque la aridez afecta a buena parte del territorio nacional, algunas comunidades como Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana viven una situación especialmente preocupante, según alertan tanto científicos como instituciones nacionales e internacionales.
A lo largo de las últimas décadas, el aumento constante de las temperaturas, la reducción de precipitaciones y la presión humana sobre los recursos hídricos han acelerado el deterioro de los suelos. Zonas que antes eran subhúmedas se están viendo transformadas en áreas semiáridas o áridas, y muchos acuíferos exhiben claros signos de agotamiento. Las consecuencias van más allá de lo ambiental y afectan directamente al tejido social y económico, especialmente en sectores tan relevantes como la agricultura y el turismo.
La aridez avanza: datos y realidades territoriales
Según los últimos estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), más del 16% de Canarias ha pasado en seis décadas a categorías de mayor aridez, lo que la sitúa como la comunidad autónoma más golpeada por esta transformación. Además, las zonas áridas y semiáridas han ganado miles de kilómetros cuadrados en la Comunidad Valenciana a lo largo de la última década, fenómeno respaldado por los análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Este cambio paisajístico afecta no solo a regiones tradicionalmente secas, sino también a áreas que anteriormente funcionaban como reservas hídricas y pulmones verdes, como las laderas del norte de Tenerife o Gran Canaria. La desertificación no sólo altera la naturaleza, sino que también amenaza cultivos, recursos acuíferos y, en el caso de Canarias, el propio modelo económico asociado al turismo.
El empleo agrícola y el mantenimiento del paisaje están en juego. Los expertos señalan que la migración de cultivos hacia zonas más altas y la decadencia de los pinares representan riesgos inminentes si no se toman medidas urgentes.
Acciones institucionales frente al deterioro ecológico
Para afrontar el avance de la desertificación, el Gobierno español ha puesto en marcha inversiones millonarias y planes estratégicos tanto a nivel estatal como autonómico. Destacan los recientes 32 millones de euros aprobados para actuaciones de restauración de masas forestales en decaimiento o con alto riesgo de aridez. De este total, 8,2 millones se destinan a la Región de Murcia, una zona especialmente afectada por la reducción de agua y el aumento de temperaturas.
El paquete de ayudas, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permite financiar mejoras en la estructura de bosques, fomento de especies autóctonas, prevención frente a plagas y enfermedades, reducción del riesgo de incendios y acondicionamiento de pistas forestales. Estas intervenciones se enfocan principalmente en terrenos públicos y buscan reforzar la resiliencia frente a la emergencia climática.
La Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y el Plan Forestal Español 2022–2032 respaldan estas actuaciones, que pretenden mejorar la funcionalidad ecológica e hidrológica de los montes y adaptar los bosques a un contexto de menor disponibilidad hídrica.
Desafíos y consecuencias económicas y sociales
La desertificación no es únicamente un reto ambiental; tiene profundas implicaciones económicas y de justicia social. En zonas rurales, la pérdida de suelo fértil y la escasez de agua agravan la precariedad, mientras que las grandes empresas mantienen el acceso a fuentes hídricas a través de tecnología como las desalinizadoras. Esta desigualdad en el acceso al agua y la tierra puede convertirse en una fuente de conflicto y debate político, generando tensiones entre diferentes actores sociales.
Desde el punto de vista global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta de que las sequías serán cada vez más frecuentes y severas, con un impacto económico creciente. Solo en España, se estima que el coste de una sequía promedio podría llegar a duplicar el registrado hace dos décadas, afectando especialmente a la agricultura y al suministro de agua para la población.
El sector agrícola es particularmente vulnerable. La expansión del regadío ha incrementado la presión sobre los acuíferos, pese a las mejoras en eficiencia. El 80% del agua extraída en España se dedica a la agricultura, y las zonas del Segura, Júcar o Guadalquivir están especialmente tensionadas. En años de sequía, la producción de cultivos puede reducirse hasta un 22% y ciertos daños pueden ser irreversibles.
Esfuerzos para restaurar y conservar: de la teoría a la práctica
Los fondos y estrategias europeas y nacionales financian una serie de medidas dirigidas a la prevención y restauración ecológica: desde la mejora selvícola de los bosques hasta la conversión a especies mejor adaptadas a la sequía, pasando por el control de la vegetación combustible y la prevención de plagas.
En la Comunidad Valenciana, el crecimiento de la masa forestal —impulsado en parte por el abandono agrícola— ha generado, paradójicamente, nuevos desafíos. La acumulación de madera muerta y el aumento de densidad arbórea incrementan el riesgo de incendios devastadores, por lo que los expertos apuestan por una mejor gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos.
Por otro lado, los últimos programas estatales y autonómicos fomentan la recuperación de un mosaico de bosques y cultivos, buscando un equilibrio entre la restauración ambiental y la viabilidad social y económica de los territorios afectados.
Las cifras respaldan la urgencia de estas intervenciones: solo en los primeros meses de 2025, diferentes zonas de España registraron siniestros agrícolas por tormentas, sequía y pedrisco en más de 375.000 hectáreas, con indemnizaciones que superan los 300 millones de euros.
Invertir en resiliencia y prevención es fundamental para hacer frente a la desertificación. Diversos informes internacionales recalcan que cada euro gastado en prevenir la degradación del suelo puede multiplicar su retorno, no sólo en términos económicos, sino también en calidad de vida, seguridad hídrica y conservación de la biodiversidad.
La situación de desertificación en España exige un esfuerzo coordinado y sostenido, tanto en el ámbito público como privado, y un compromiso real con la adaptación y la gestión responsable de los recursos naturales. Solo a través de estrategias integrales, la colaboración de las administraciones y la concienciación social será posible frenar el avance de este fenómeno y preservar la salud de los ecosistemas para las futuras generaciones.
