Una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, Nueva York, está tomando medidas decisivas para combatir el cambio climático. ¿Cómo lo hará? Emprendiendo acciones legales contra ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron, Royal Dutch Shell y BP, las principales compañías petroleras no solo de América del Norte, sino del mundo entero.
Así lo ha decidido Bill de Blasio, el alcalde demócrata de Nueva York, quien representa una perspectiva opuesta a la del ex presidente Donald Trump, al menos en lo que respecta a la crisis climática.
De Blasio fue directo y contundente al afirmar: «las compañías de combustibles fósiles sabían del impacto en el clima y engañaron al público de manera intencionada para proteger sus beneficios. Deben de pagar«. El objetivo es claro: responsabilizar a las grandes compañías petrolíferas por los daños que han causado y lograr una compensación económica que permita hacer de la ciudad un lugar más seguro y resistente ante la subida del nivel del mar y las tormentas tropicales.
El cambio climático es un fenómeno real y prueba de ello aparece casi a diario. Se baten récords históricos de temperatura, se forman fenómenos meteorológicos más peligrosos y, por si fuera poco, la comunidad científica continúa advirtiendo sobre las consecuencias de la inacción. Por lo tanto, es vital invertir en energías limpias y renovables y abandonar la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, las compañías que se dedican a la extracción de petróleo tienden a negar su contribución al cambio climático. ExxonMobil, Chevron y Royal Dutch Shell, por ejemplo, argumentaron que «este tipo de litigios no contribuyen a la solución».
La pregunta que surge con frecuencia es: ¿es posible que el petróleo que «sin querer» ha terminado en el mar tantas veces, como en el caso de Galicia hace 15 años, no afecte al medio ambiente? ¿Los automóviles que funcionan con gasolina o diésel realmente no alteran el equilibrio natural de la atmósfera? A medida que los neoyorquinos enfrentan tormentas cada vez más severas y temperaturas extremas, queda claro que es hora de revaluar nuestras prioridades y acciones.
Además de la acción legal liderada por Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul ha firmado una legislación histórica que crea un «Superfondo Climático». Esta iniciativa obliga a las grandes empresas de combustibles fósiles a financiar proyectos críticos para proteger a los neoyorquinos de los impactos climáticos, como inundaciones y olas de calor extremo, como se ha evidenciado en otros lugares que también se enfrentan al cambio climático, como se discutió en el caso de las inundaciones en el futuro.
La importancia del Superfondo Climático
La legislación no solo busca responsabilizar a las empresas por los daños causados, sino que también establece un marco financiero destinado a reforzar la resiliencia de Nueva York ante los fenómenos climáticos adversos. La idea es trasladar el costo de la adaptación climática de los ciudadanos a las empresas que históricamente han contribuido a la contaminación.
El nuevo marco legislativo implica que las empresas que han emitido grandes cantidades de gases de efecto invernadero desde 2000 deberán contribuir a un fondo destinado a financiar proyectos de infraestructura críticos, como la restauración de ecosistemas, una medida que también es relevante en otros contextos de adaptación al cambio climático, como se refleja en artículos sobre la importancia de infraestructuras verdes.
La gobernadora Hochul ha enfatizado que, «Casi con cada récord de lluvia y cada ola de calor, los neoyorquinos se ven cada vez más agobiados por las consecuencias económicas de los contaminadores que han dañado nuestro medio ambiente». Esto se traduce en que la nueva legislación establece que las empresas deben asumir su parte del costo de la adaptación climática, lo que representa una victoria significativa para la equidad ambiental y una forma de asegurar que la responsabilidad se distribuya de manera justa.
La batalla legal y sus implicaciones
La decisión de Nueva York de tomar acción legal contra las grandes petroleras se alinea con un creciente movimiento en Estados Unidos y a nivel internacional para hacer que las empresas paguen por los daños ambientales que han causado. Este movimiento ha tomado fuerza en la última década, con más de mil demandas climáticas presentadas en el país. Nueve ciudades y condados, incluidas San Francisco y Nueva York, han emprendido acciones legales contra grandes compañías energéticas, buscando compensaciones por los daños asociados al cambio climático, una estrategia que podría ayudar a prevenir que otras ciudades enfrenten el mismo dilema, tal como se ha discutido en el contexto de las ciudades que podrían desaparecer por el calentamiento global.
El caso de Nueva York es significativo porque representa un intento de responsabilizar a las compañías que han sido acusadas de engañar al público sobre el impacto de sus actividades en el clima. La Fiscal General del Estado ha señalado que estas compañías han conocido durante décadas los efectos catastróficos de los combustibles fósiles, pero han minimizado este conocimiento y han engañado a los inversores y consumidores, creando un contexto donde es necesario fortalecer la ética empresarial.
Este tipo de litigios plantea varias preguntas sobre la responsabilidad corporativa y la ética empresarial. Mientras que algunas corporaciones han optado por adaptarse y evolucionar hacia prácticas más sostenibles, otras continúan operando bajo modelos de negocio que contribuyen al deterioro ambiental, lo que resulta en un conflicto directo con los esfuerzos de mitigación del cambio climático y resalta la necesidad de marcos legales más robustos, como se menciona en estudios sobre las diferencias entre cambio climático y calentamiento global.
Las consecuencias para el futuro
El costo de los acontecimientos climáticos extremos, como incendios forestales, tormentas e inundaciones, ya se siente en las economías locales. Según estimaciones, reparar y prepararse para el clima extremo causado por el cambio climático podría costar más de medio billón de dólares en todo el estado de Nueva York para 2050. Esto se traduce en más de $65,000 por hogar, una carga económica que no debería recaer únicamente sobre los contribuyentes, sino que debe ser compartida por aquellos que han causado el daño, como hemos podido ver en otros lugares del mundo que enfrentan desafíos similares, como en el caso de las mujeres embarazadas que sufren el impacto del cambio climático.
La legislación del Superfondo Climático no solo es un paso hacia la rendición de cuentas de las empresas contaminadoras, sino que también representa un cambio en la forma en que se concibe la responsabilidad ambiental en el ámbito empresarial. Otros estados pueden seguir el ejemplo de Nueva York y crear leyes similares, lo que podría tener un efecto dominó en la legislación ambiental a nivel nacional, parecido a lo que ha sucedido en otros países que enfrentan el cambio climático de manera activa.
La creación de este fondo representa un modelo para que otros gobiernos consideren la forma en que las empresas deben pagar por el daño que causan al medio ambiente. Con cada acción que se tome para abordar el cambio climático, la esperanza es que se inspire a más comunidades y gobiernos a seguir suit, llevando así a un cambio real en la lucha contra el calentamiento global y sus devastadoras consecuencias.
El futuro del planeta depende de nuestra capacidad para desafiar a las corporaciones que han priorizado las ganancias sobre la salud pública y el medio ambiente. Si podemos hacer que estas empresas rindan cuentas, podríamos realizar una transición hacia una economía global más sostenible.
