La reconstrucción de la carretera LP-2 sepultada por el volcán Tajogaite avanza a base de obras de recuperación de la LP-2, proyectos modificados y debates públicos en La Palma. La vía, que quedó partida por las coladas en 2021, se ha convertido en uno de los símbolos más claros de lo complicado que está siendo recomponer la movilidad en la isla.
Entre decisiones de ocupación urgente de terrenos, visitas institucionales a las obras y críticas por falta de transparencia, la recuperación de la LP-2 progresa, pero no sin fricciones. La población afectada, los propietarios de fincas y los colectivos ciudadanos siguen con lupa cada movimiento de la Administración, conscientes de que lo que ocurra aquí marcará el futuro de buena parte del sur y el oeste palmero.
Ocupación urgente de suelo para reabrir la LP-2
El Gobierno de Canarias ha aprobado la ocupación urgente de 94.073 metros cuadrados de terreno para poder continuar con la reconstrucción de la LP-2 en el tramo entre San Simón y Tajuya, uno de los sectores más castigados por la erupción. Esta decisión afecta a 86 fincas, de las que 83 serán expropiadas de forma definitiva y tres de manera temporal, según se recoge en la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
La medida se integra en un nuevo expediente de expropiación forzosa ligado a las obras de acondicionamiento del tramo San Simón-Tajuya y se tramita a través del procedimiento excepcional de urgente ocupación. Este mecanismo permite que la Administración tome posesión de los terrenos necesarios para la obra incluso antes de que se haya fijado el precio definitivo de las indemnizaciones a los propietarios.
Sobre la mesa está la tensión entre la necesidad de acelerar una infraestructura estratégica y las garantías jurídicas de los dueños de las parcelas. La orden se limita a confirmar que existe crédito presupuestario suficiente para hacer frente a las compensaciones, pero no concreta todavía las cuantías que corresponderán a cada finca, algo que se fijará caso por caso en una fase posterior.
Este tipo de procedimiento implica que la Administración puede ocupar los terrenos y proseguir las obras en cuanto se levanten las actas de ocupación y se deposite la indemnización previa establecida. El cálculo definitivo del justiprecio puede alargarse y, si no hay acuerdo, acabar ante el Jurado de Expropiación o en los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Los propietarios afectados conservan el derecho a recurrir la orden de urgente ocupación, bien mediante recursos administrativos o vía judicial. Sin embargo, esos recursos no paralizan automáticamente la toma de posesión de las fincas, salvo que un juez acuerde medidas cautelares. En la práctica, esta suspensión es poco frecuente cuando se trata de obras viarias de interés general.
Una vía estratégica aún partida por las coladas
La LP-2 está catalogada como carretera de interés regional y es fundamental para unir el oeste y el sur de La Palma. La erupción del Tajogaite sepultó varios kilómetros del trazado original, rompiendo la continuidad de la vía y provocando un aislamiento parcial de municipios como Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte o Fuencaliente, que han tenido que apañarse con desvíos por carreteras secundarias más largas y menos seguras.
Desde 2021, la reconstrucción se ha ido articulando a base de proyectos modificados, actuaciones de emergencia y sucesivas fases de expropiación. El terreno no lo pone fácil: la presencia de lava solidificada, túneles lávicos, desniveles bruscos y problemas de estabilidad hace imposible retomar el trazado anterior en muchos puntos, obligando a rediseñar la carretera para adaptarla a la nueva morfología volcánica.
En paralelo, el Gobierno autonómico subraya que la LP-2 es clave para la actividad agrícola y turística del sur palmero, así como para reducir los tiempos de acceso a centros sanitarios, servicios esenciales y nodos de transporte. La vía se considera una pieza básica para fijar población en las zonas más afectadas por la erupción y evitar una pérdida progresiva de habitantes.
No obstante, las sucesivas expropiaciones y los cambios de proyecto han alimentado el malestar de algunos propietarios y colectivos locales. Estos sectores ciudadanos reclaman más claridad en la información, critican los retrasos acumulados y se quejan de que, más de cuatro años después de la erupción, la solución viaria definitiva siga sin estar plenamente operativa.
Visita institucional y arranque de un nuevo tramo clave
En este contexto, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, se han desplazado a La Palma para supervisar el inicio efectivo de las obras que buscan restablecer la continuidad de la LP-2 en el tramo comprendido entre Las Manchas y Tajuya.
Durante la visita, estuvieron acompañados por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. La presencia conjunta de representantes del Ejecutivo regional y de la corporación insular pretende escenificar la coordinación interadministrativa en una obra calificada como estratégica.
El foco de la jornada se puso en el nuevo trazado que salvará las coladas volcánicas y permitirá recuperar al uso público unos 2,3 kilómetros de carretera fundamentales para mejorar la accesibilidad de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Este sector quedó literalmente cortado por la lava durante la crisis volcánica.
Pablo Rodríguez recalcó la intención del Gobierno de responder a las demandas de los vecinos que llevaban años reclamando una solución para esta conexión sepultada, así como a las peticiones del Cabildo. Según el consejero, se trata de la obra que más complicaciones ha presentado, pero también de una de las más decisivas para avanzar en la recuperación global de La Palma.
El responsable regional de Obras Públicas destacó este proyecto como un ejemplo de cooperación entre administraciones, al aunar esfuerzos de varias consejerías, el Cabildo y los ayuntamientos implicados. Desde su punto de vista, la combinación de dificultades administrativas, técnicas y económicas convierte este tramo en un auténtico reto, para el que se ha fijado un plazo de ejecución de unos 14 meses.
Impacto social y económico de la recuperación de la LP-2
La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, agradeció la implicación de la Consejería de Obras Públicas y puso el acento en que recuperar la conectividad de la isla no consiste únicamente en abonar compensaciones por lo perdido o abrir nuevos viales. A su juicio, también hay un componente moral en demostrar que la sociedad palmera y sus instituciones no se resignan ante los efectos del volcán.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, calificó esta intervención como la actuación más importante para mejorar las comunicaciones de quienes han tenido dificultades para moverse hacia el norte de las coladas. En especial, destacó la mejora para los barrios de Las Manchas y Fuencaliente, que con la nueva conexión quedan mejor enlazados con el resto del territorio insular.
Rodríguez recordó que la corporación insular había planteado inicialmente una alternativa de trazado que no prosperó por la falta de acuerdo con el Gobierno de España en su momento. Posteriormente, se optó por la vía ordinaria de tramitación, que exigía un compromiso firme de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario, algo que el Cabildo asegura haber encontrado pese a las dificultades y retrasos acumulados.
El proyecto complementario que ahora se impulsa cuenta con una inversión de 24,1 millones de euros y contempla un
nuevo recorrido de unos 2,3 kilómetros entre Las Manchas y Tajuya. La actuación está planteada como pieza esencial para reconstruir una vía de interés general que articule el desarrollo social y económico del valle de Aridane y su conexión con Fuencaliente.
Además de recortar tiempos de desplazamiento y facilitar el acceso a servicios básicos como la sanidad o los principales nodos de transporte, este tramo pretende contribuir a que la población que se vio obligada a desplazarse por la erupción pueda reorganizar su vida con mejores conexiones y una red viaria más estable. También se busca aliviar la presión sobre otras carreteras municipales que se han visto saturadas en los últimos años.
Soluciones técnicas en un terreno volcánico complejo
Los trabajos sobre la LP-2 se enfrentan a un entorno físico muy particular. Las obras integran soluciones técnicas específicas para las coladas volcánicas, con estudios geotérmicos que analizan temperaturas internas del terreno, medidas adicionales de seguridad y firmes adaptados para soportar condiciones extremas.
La planificación incluye también actuaciones de integración paisajística, con la intención de que el nuevo trazado no sea únicamente funcional, sino que se adapte visualmente al paisaje volcánico resultante. No deja de ser una obra de ingeniería sobre un territorio que todavía está en fase de estabilización y estudio.
En paralelo, la aprobación definitiva del proyecto modificado n.º 2 ha permitido desencallar otras intervenciones relevantes vinculadas a la LP-2, como el Viaducto de Belmaco y la estabilización del talud de El Rodadero. Estas actuaciones complementarias ya están en marcha y forman parte del mismo puzle de recuperación de la red viaria insular.
La combinación de tramos nuevos, obras complementarias y ajustes técnicos permanentes refleja lo excepcional del escenario: La Palma está rehaciendo parte de su principal carretera sobre un manto de lava, en una zona donde se solapan condicionantes geológicos, ambientales y urbanísticos.
La complejidad no solo es técnica, también administrativa. Cada modificación de proyecto implica nuevos informes, fiscalizaciones y, en muchos casos, nuevas expropiaciones o afecciones a propiedades, lo que multiplica los tiempos de tramitación y el riesgo de conflictos con los afectados.
Críticas por opacidad en el proyecto modificado n.º 3
Mientras avanzan las obras físicas sobre el terreno, la Asociación Tierra Bonita ha denunciado lo que considera una grave falta de transparencia en la tramitación de la tercera modificación del proyecto de reconstrucción de la LP-2 sobre las coladas del Tajogaite, especialmente en el tramo entre San Simón y Tajuya.
Este colectivo ciudadano insiste en que no cuestiona la necesidad de la carretera ni la importancia de recuperar la conectividad de la isla, pero reprocha a la Consejería de Obras Públicas que el expediente del proyecto modificado n.º 3 no esté disponible de forma completa en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A su juicio, esa carencia impide a la ciudadanía saber exactamente qué se ha aprobado, con qué informes, por qué importe y con qué repercusión en los plazos.
Tierra Bonita recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 obliga a publicar, entre otros documentos, el acuerdo de aprobación del proyecto, el informe técnico justificativo, los informes jurídicos y de fiscalización, la adenda de modificación y el contenido íntegro del modificado, incluyendo importe, alcance, presupuesto, planos y plazos, con los datos personales debidamente protegidos.
Al no encontrarse esta documentación accesible y consolidada, la asociación prevé presentar escritos de queja ante la propia Consejería de Obras Públicas, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias y la Audiencia de Cuentas de Canarias. Su objetivo es que se fiscalice un contrato que consideran de elevada cuantía y ejecución dilatada, con varias modificaciones y un historial de incidencias y sobrecostes.
Desde el colectivo se advierte de que ninguna obra, ni siquiera declarada urgente, está exenta de cumplir la legislación vigente en materia de contratación pública y publicidad activa. En su opinión, la urgencia de la LP-2 «parece no existir para la Administración» y esta infraestructura se ha utilizado en ocasiones como arma de confrontación política más que como un proyecto gestionado con total transparencia.
La ‘zona roja’: protección cautelar y propietarios inquietos
Otro de los puntos de fricción es el trazado previsto para el proyecto modificado n.º 3, que discurre por la llamada ‘zona roja’ definida en la planificación provisional tras la erupción. Esta franja incluye el cráter del Tajogaite y las coladas más próximas, y se encuentra bajo una figura de protección cautelar a la espera de que se concrete su ordenación definitiva.
Según recoge Tierra Bonita, muchos propietarios de esa área, especialmente en El Paraíso y Corazoncillo, se sienten en una situación de incertidumbre prolongada. Denuncian que no han recibido información clara sobre la clasificación final que tendrán sus terrenos ni sobre las compensaciones previstas si quedan afectados por un futuro espacio natural protegido.
El Gobierno de Canarias comunicó en su momento que la Consejería de Política Territorial había iniciado el procedimiento para delimitar el futuro espacio natural protegido en torno al cono volcánico y las fajanas, en cumplimiento del Decreto 9/2023, de 18 de diciembre. Sin embargo, el retraso en concretar esa delimitación definitiva mantiene a muchos afectados en un limbo.
El malestar de los propietarios ya se hizo visible el año pasado, cuando se organizó una manifestación de protesta para denunciar la falta de información y la ausencia de una hoja de ruta clara para sus fincas. Al mismo tiempo, observan con recelo cómo la denominada zona roja empieza a ser explotada turísticamente, mientras ellos siguen sin saber qué ocurrirá con sus propiedades.
La asociación advierte de que el modificado n.º 3 de la LP-2 se levanta sobre un territorio donde confluyen intereses muy diversos: reconstrucción de infraestructuras, protección ambiental cautelar, posible declaración de espacio protegido y afecciones directas a propiedades privadas. Sin información pública suficiente, señalan, aumenta la sensación de indefensión entre las personas afectadas.
Por otro lado, Tierra Bonita recuerda que el expediente de recuperación de la LP-2 forma parte de una obra iniciada en 2011 que se ha ido alargando en el tiempo. El Consejo Consultivo de Canarias ya apuntó en un dictamen de 2015 a retrasos imputables a la Administración, derivados de la falta de disponibilidad de terrenos y de demoras injustificadas en la aprobación de anteriores modificaciones del proyecto.
Con las máquinas trabajando sobre las coladas y varios expedientes administrativos aún abiertos, la LP-2 sepultada por el volcán se ha convertido en un caso paradigmático de cómo se entrecruzan las urgencias de la reconstrucción, las obligaciones de transparencia y los derechos de los propietarios en un territorio marcado por una catástrofe reciente. Lo que ocurra con esta carretera no solo condicionará la movilidad en La Palma, también será una referencia sobre cómo se gestionan infraestructuras críticas en escenarios de emergencia volcánica en España.
