El rastro de la tragedia que asoló la provincia de Valencia sigue muy presente en los juzgados y en las instituciones, donde se intenta determinar quién tuvo la culpa de que aquel fatídico 29 de octubre acabara con la vida de 230 personas. Mientras las familias intentan recomponer sus vidas, el procedimiento judicial avanza con paso firme para aclarar si los protocolos de emergencia se activaron con la antelación necesaria o si, por el contrario, hubo una cadena de errores que agravó las consecuencias del temporal.
En este escenario tan complejo, la opinión pública asiste a un cruce de reproches entre administraciones que parece no tener fin. Por un lado, la vía penal se centra en la toma de decisiones técnicas, mientras que en el plano político se han aprobado informes que reparten las culpas de forma muy distinta, generando un debate social sobre la eficacia de nuestro sistema de protección civil ante eventos meteorológicos de tal calibre.
Exculpación total para la administración local
La magistrada encargada de la instrucción en Catarroja ha sido tajante al dictaminar que no existe indicio alguno de criminalidad en la actuación de los alcaldes de los municipios inundados. En un auto reciente, la jueza ha dejado claro que los ayuntamientos no disponían de los medios ni de la información suficiente para prever la magnitud de lo que se les venía encima, por lo que no se les puede achacar ninguna negligencia penal en la falta de avisos a sus vecinos.
Para la instructora, existe una diferencia abismal entre lo que puede hacer un consistorio y la capacidad de gestión de la administración autonómica. Al parecer, la Generalitat contaba con un caudal de datos mucho más amplio proveniente de organismos como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar, además de tener a su disposición a personal experto en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) que debería haber guiado la respuesta.
De hecho, la jueza recuerda que la dirección de los planes de emergencia recaía sobre figuras concretas de la administración regional, quienes tenían la competencia de declarar la preemergencia y movilizar los recursos necesarios. En este sentido, la investigación se centra ahora en si esos responsables desconocían sus propias obligaciones legales o si se vieron superados por dudas jurídicas que nada tenían que ver con la urgencia de proteger a la población en esos momentos críticos.
El relato político frente al judicial
Muy distinta es la película que se cuenta desde el Parlamento valenciano, donde la mayoría formada por el PP y Vox ha sacado adelante un dictamen de conclusiones que pone el foco en Madrid. Según este documento, la responsabilidad última recae en el Estado por no haber asumido el mando de la emergencia nacional y por las supuestas deficiencias en la información hidrológica que se transmitió durante las horas de mayor peligro.
Este informe, que ha sido calificado como un insulto por los grupos de la oposición, pasa muy de puntillas por la gestión del gobierno regional y se centra en la falta de obras hidráulicas que, según su tesis, habrían evitado el desastre. Argumentan que el encauzamiento de barrancos críticos llevaba años guardado en un cajón, lo que a su juicio convierte a los sucesivos gobiernos nacionales en los responsables de la vulnerabilidad del territorio.
Por su parte, los partidos de la izquierda denuncian que este relato es una maniobra para tapar la inacción de los altos cargos autonómicos durante la tarde de las riadas. Consideran que el retraso en el envío de las alertas a los teléfonos móviles fue el factor determinante en la pérdida de vidas, algo que la propia jueza instructora también ha señalado como un punto nuclear en sus investigaciones previas.
Avisos desesperados y falta de coordinación
Uno de los aspectos más reveladores de la instrucción es el testimonio de varios alcaldes que intentaron avisar de lo que estaba pasando antes de que fuera tarde. Por ejemplo, se ha puesto de manifiesto que desde Torrent se informó al Cecopi sobre el desbordamiento del barranco de l’Horteta casi una hora y media antes de que se enviara el mensaje de alerta general, lo que hace difícil sostener que se desconocía el riesgo inminente en la zona.
La situación en el centro de mando parece que fue bastante caótica, a tenor de algunas respuestas que recibieron los municipios cuando pedían ayuda externa. Resulta bastante llamativo que, en plena crisis, un técnico de emergencias llegara a responder a un ayuntamiento que ellos nunca se coordinaban en nada, lo que refleja una falta de instrucciones claras y de liderazgo en el momento en que más se necesitaba una mano firme.
Además, los testimonios recabados indican que las alcaldesas de localidades como Chiva o Paiporta estuvieron en contacto con diversos cargos provinciales y nacionales describiendo situaciones de auténtico pánico con el agua ya por las calles. Toda esta información debería haber servido para que el sistema de avisos masivos funcionara mucho antes de las ocho de la tarde, que fue cuando finalmente la población recibió la notificación en sus dispositivos.
Nuevas pruebas para encajar el puzzle
Para no dejar ningún cabo suelto, la magistrada ha solicitado recientemente las transcripciones de las comparecencias políticas que se han llevado a cabo en el Congreso. La idea es cotejar lo que los responsables han dicho públicamente con las pruebas documentales que obran en la causa, buscando posibles contradicciones que puedan arrojar luz sobre la toma de decisiones en el gabinete de crisis.
Asimismo, se están analizando minuciosamente multitud de mensajes de WhatsApp y vídeos aportados por testigos para fijar con total precisión la cronología de los hechos. No hay que olvidar que en una causa de esta envergadura, cada minuto cuenta y los peritos deben determinar si las obras de infraestructura o una alerta temprana habrían sido capaces de mitigar el impacto de una avenida de agua que superó todos los registros históricos conocidos hasta la fecha.
La batalla legal por la gestión de la DANA se encuentra en un punto donde la justicia intenta separar los fallos humanos de la fuerza inevitable de la naturaleza, mientras la política se enzarza en una guerra de relatos. Con los alcaldes ya fuera de la diana penal, el foco se estrecha sobre la cúpula de emergencias y la gestión del flujo de información entre organismos estatales y autonómicos en una jornada que ha cambiado para siempre la percepción de la seguridad ante grandes catástrofes.
