España se encuentra entre los países europeos más afectados por la desertificación, un desafío ambiental que no solo afecta el paisaje de muchas regiones, sino que también compromete la economía rural, los recursos hídricos y la biodiversidad. El 75% del territorio nacional está considerado en riesgo, y los expertos advierten que este proceso se ha acelerado por causas naturales y humanas.
La pérdida de fertilidad de los suelos, la disminución de los recursos hídricos y la degradación ambiental son fenómenos cada vez más evidentes en zonas como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Para los investigadores y las entidades ecologistas, la clave está en combinar estrategias innovadoras con conocimientos tradicionales para evitar que la tierra alcance umbrales irreversibles.
¿Qué es la desertificación y por qué avanza en España?
La desertificación es la degradación progresiva de suelos en zonas áridas, semiáridas y secas, causada por variaciones climáticas y actividades humanas. Aunque comúnmente se asocia con dunas o sequías extremas, en realidad implica procesos como erosión, salinización, pérdida de vegetación, reducción de la fertilidad y alteraciones en el ciclo hidrológico del territorio.
Estudios recientes señalan que la sobreexplotación del agua, la agricultura intensiva y el cambio climático son factores determinantes. En regiones como Murcia, la presión sobre acuíferos y humedales ha provocado la desaparición rápida de manantiales y el agotamiento de fuentes de agua, dejando el suelo más seco y frágil. El aumento de temperaturas y la reducción de precipitaciones, junto con el uso intensivo de la tierra para agricultura, han contribuido a la pérdida de carbono orgánico, esencial para mantener la fertilidad y la capacidad de retención de agua en el suelo.
Otra problemática importante es la paradoja hidrológica, donde sistemas agrícolas tecnificados, enfocados en la eficiencia del riego, terminan generando mayor presión sobre los acuíferos a medida que liberan recursos para nuevos cultivos y superficies agrícolas. Este sobreexplotamiento pone en riesgo incluso las fuentes subterráneas de agua.
El papel de la agricultura y la necesidad de recuperar prácticas tradicionales
La agricultura, especialmente la de regadío, consume cerca del 80% del agua en España. El crecimiento del regadío y el uso inadecuado de agroquímicos han favorecido la erosión, la pérdida de vida en el suelo y la contaminación por nitratos, agravando la desertificación. La constante presión sobre los recursos hídricos ha puesto en riesgo muchas cuencas, como las del Segura, Júcar y Guadalquivir, generando episodios de estrés hídrico alto o severo.
Por ello, surge la necesidad de recuperar sistemas de regadío tradicionales, gestionar comunitariamente el agua y adoptar prácticas agroecológicas. Técnicas como el riego a manta, el aterrazado o la protección de acequias y ribazos favorecen la recarga de acuíferos, mantienen la fertilidad y aumentan la resiliencia frente a sequías e inundaciones. La recuperación de cultivos de secano, las cubiertas vegetales y el cambio de barbechos blancos por leguminosas también mejoran la salud del suelo y su capacidad para almacenar carbono.
Organizaciones como Greenpeace abogan por una transformación del sistema agroalimentario hacia la agroecología, buscando en 2050 una agricultura y ganadería 100% ecológicas. Este enfoque favorece la reducción de emisiones de CO₂, la mejora de la salud del suelo y la recuperación del paisaje agrícola como sumidero de carbono y biodiversidad.
Estrategias nacionales y proyectos para frenar la desertificación
Ante la magnitud del problema, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha implementado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, que contempla un plan de acción 2025-2027 centrado en la gestión sostenible del territorio, la restauración de áreas degradadas y la integración de la neutralidad en la degradación de tierras, en línea con los objetivos globales de Naciones Unidas. Entre sus medidas destacan la recuperación de bosques, la creación de cinturones verdes y humedales artificiales en zonas vulnerables, como el entorno del Mar Menor.
La participación activa de comunidades autónomas, ayuntamientos, científicos y agricultores es fundamental. Se fomenta la gobernanza participativa, la capacitación técnica y la creación de redes para compartir conocimientos y promover iniciativas de restauración. Ejemplos de buenas prácticas incluyen la integración de la ganadería extensiva en la gestión forestal, el uso de residuos orgánicos como fertilizantes y la diversificación de cultivos adaptados a la sequía.
El futuro de los suelos y la importancia de mirar a largo plazo
El descenso del carbono orgánico en los suelos, especialmente en el litoral mediterráneo y en parques como Cabo de Gata-Níjar, afecta la fertilidad y la resiliencia frente al cambio climático. Las zonas agrícolas con poca cobertura vegetal son más vulnerables a la erosión, incendios e inundaciones repentinas, lo que también impacta en las comunidades rurales y sus economías.
Los expertos coinciden en que depender únicamente de soluciones tecnológicas no es suficiente. La clave está en equilibrar prácticas agrícolas y ganaderas con los límites naturales del entorno, mejorar la formación y la concienciación, y restaurar paisajes degradados mediante proyectos sostenibles y colaborativos. Es necesario abordar la desertificación de manera integral, alineada con los objetivos de sostenibilidad, para asegurar la viabilidad futura del territorio y la sociedad.
España cuenta con décadas de investigación y ejemplos de éxito en restauración de suelos, además de movimientos sociales que promueven una relación más respetuosa con la tierra. La tarea consiste en escalar esas soluciones, adaptarlas a cada contexto y fomentar un modelo productivo y social que conviva con el clima sin agotar los recursos. Con cada territorio restaurado, se abre la posibilidad de un futuro menos árido y más sostenible para todos.