La Cuenca del Júcar se ha convertido en uno de los puntos más delicados del mapa hídrico español. Entre la escasez de agua que viene de lejos y unos episodios de lluvias torrenciales cada vez más bruscos, el territorio se enfrenta a un escenario en el que la sequía y las inundaciones conviven como dos caras de la misma moneda.
Según un amplio estudio técnico, serán necesarios 9.057 millones de euros en inversiones específicas en este ámbito entre 2026 y 2035 para reforzar la seguridad hídrica, proteger a la población y adaptar las infraestructuras al cambio climático. Esta cifra forma parte de una estimación global de 103.824 millones de euros para todo el país, lo que sitúa al Júcar entre las demarcaciones con mayor carga inversora prevista.
Una cuenca especialmente vulnerable a la escasez y a las avenidas
La Cuenca del Júcar abarca territorios de Cuenca, Albacete, Valencia y parte de otras zonas mediterráneas y se considera una de las demarcaciones hidrográficas más tensionadas de España. Combina una demanda muy elevada para riego y uso urbano con recursos hídricos limitados y cada vez más variables.
El informe “Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España”, elaborado por la consultora TYPSA y la patronal de las constructoras y concesionarias SEOPAN, advierte de que las aportaciones naturales de agua podrían reducirse entre un 12 % y un 21 % en los próximos años. Este descenso se atribuye a los efectos del cambio climático sobre el régimen de precipitaciones y sobre la disponibilidad de recursos en origen.
Esta merma se suma a una escasez hídrica estructural que ya se arrastra desde hace décadas, acentuada por el incremento de la superficie de regadío, el crecimiento de las áreas urbanas y la presión sobre acuíferos y sistemas de abastecimiento. El margen de maniobra ante una sequía prolongada es cada vez menor, lo que obliga a replantear infraestructuras, gestión y prioridades de uso del agua.
En paralelo, la cuenca está expuesta a un riesgo creciente de inundaciones, especialmente en episodios de DANA y tormentas mediterráneas intensas. La combinación de suelos urbanizados, cauces fuertemente modificados y desembocaduras próximas a la costa amplifica los daños cuando se concentran lluvias en pocas horas.
Una factura de 9.057 millones para blindar la seguridad hídrica
Dentro de la estrategia nacional, la demarcación del Júcar concentra 9.057 millones de euros en actuaciones hasta 2035. El documento detalla un conjunto de medidas que abordan el problema desde varias vertientes: ciclo urbano del agua, defensa frente a inundaciones, drenaje urbano sostenible, adaptación al clima y modernización de la gestión.
La partida más voluminosa corresponde al ciclo urbano del agua, con un bloque de 4.698 millones de euros. De esa cantidad, se contemplan 2.400 millones para renovar redes y conducciones envejecidas, depósitos y otras instalaciones básicas de abastecimiento, y 1.400 millones para adaptar y mejorar los sistemas de saneamiento. El objetivo es reducir fugas, evitar colapsos en episodios de lluvia intensa y garantizar una calidad adecuada del agua depurada.
A esta cifra se suman 1.809 millones de euros en medidas estructurales de gestión del riesgo de inundación. Aquí se incluyen defensas en márgenes de ríos y barrancos, ampliación de encauzamientos en tramos críticos, obras de laminación de avenidas y otras intervenciones destinadas a prevenir daños en zonas urbanas, agrícolas e infraestructuras estratégicas.
El informe reserva además 1.000 millones de euros para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y otras actuaciones orientadas a gestionar mejor el agua de lluvia en las ciudades. Se proponen soluciones como tanques de tormenta, redes separativas, zonas de infiltración y medidas que impidan que la escorrentía urbana llegue sin control a los colectores y estaciones depuradoras.
En el capítulo de adaptación al clima, se prevén 893 millones de euros para incrementar recursos y optimizar la demanda. Esto abarca desde nuevas infraestructuras complementarias hasta la ampliación de la reutilización del agua depurada para riego, con una referencia específica a actuaciones por valor de al menos 140 millones destinadas a impulsar este tipo de aprovechamientos. La adaptación al clima es clave para priorizar proyectos y ajustar la gestión del recurso.
Objetivos ambientales, digitalización y soluciones basadas en la naturaleza
Más allá de las grandes obras, el estudio también contempla actuaciones dirigidas a mejorar el estado ecológico de los ríos y acuíferos del Júcar. Para ello se plantean 300 millones de euros vinculados al cumplimiento de los objetivos ambientales en el dominio público hidráulico.
Entre estas medidas se incluyen la sustitución de bombeos que afectan a masas de agua vulnerables, la mejora de la capacidad y la calidad del tratamiento en estaciones depuradoras y el refuerzo de la seguridad y garantía del abastecimiento en núcleos de población sensibles. Se busca así acercar la demarcación a los requerimientos de la Directiva Marco del Agua y de otras normas europeas sobre estado ecológico de los ríos y acuíferos.
El capítulo de conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua suma otros 209 millones de euros. Esta inversión se alinea con iniciativas estatales como los PERTE de digitalización del ciclo del agua y contempla nuevas convocatorias hasta 2035 para mantener el ritmo inversor. Incluye la mejora de los sistemas de información hidrológica, la actualización de bases de datos y el desarrollo de herramientas como el sistema ALBERCA para gestionar derechos y concesiones de agua; todo ello ligado a avances en sistemas de información hidrológica.
El informe dedica asimismo 99 millones de euros a infraestructuras verdes. Se trata de actuaciones en cauces, llanuras de inundación y franja costera que persiguen recuperar espacio al río, restaurar zonas de amortiguación natural ante crecidas y mitigar los efectos del aumento del nivel del mar y de las tormentas litorales. Son intervenciones que combinan objetivos ambientales y de protección civil.
Finalmente, se reservan 44 millones de euros para proyectos asociados a un futuro Acuerdo Nacional del Agua. Entre ellos se mencionan el aumento de la capacidad de regulación para mejorar el abastecimiento en la Marina Baja y actuaciones para la gestión integrada de los recursos hídricos de riego en municipios como Almenara, Xilxes, la Vall d’Uixó y Moncofa, dentro de la zona mediterránea vinculada a la demarcación.
Casi medio millón de personas en zonas inundables de alto riesgo
Uno de los datos que más llama la atención del informe es el relativo a la población expuesta. Según el análisis, 2,37 millones de personas viven en España en zonas inundables de mayor riesgo, y 496.000 de ellas se encuentran dentro de la Cuenca del Júcar.
En el conjunto del país se han identificado 1.444 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), de las cuales en torno a un 25 % se ubican en las cuencas mediterráneas. La demarcación del Júcar concentra buena parte de estos puntos sensibles, con especial incidencia en las comarcas valencianas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa.
Estas zonas, atravesadas por el río Júcar y algunos de sus afluentes, han sufrido episodios recurrentes de inundaciones. La DANA de octubre de 2024 volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del territorio, con acumulaciones de lluvia muy intensas en pocas horas que desbordaron cauces y redes de drenaje urbana.
El impacto no se limita a los daños materiales. La exposición afecta a miles de viviendas, explotaciones agrícolas, polígonos industriales e infraestructuras esenciales. El informe subraya que una parte relevante de la población vive en zonas que, según los mapas oficiales, se consideran de alta peligrosidad para inundaciones, lo que refuerza la urgencia de acelerar las obras previstas.
En paralelo, la cuenca soporta una sequía estructural que condiciona el abastecimiento urbano y el regadío. La reducción esperada de las aportaciones naturales —entre el 12 % y el 21 %— afectará de forma directa a cultivos de regadío, sistemas de suministro municipal y ecosistemas fluviales, obligando a una planificación más estricta del uso del recurso.
Actuaciones urgentes tras la DANA de 2024 y retos de ejecución
El documento de TYPSA y SEOPAN incorpora un programa extraordinario de actuaciones urgentes para las cuencas afectadas por la DANA de octubre de 2024, con un montante total de 4.051 millones de euros. Una parte muy significativa de estas inversiones se vincula directamente a la Cuenca del Júcar y, en muchos casos, ya está incluida dentro de los 9.057 millones de la planificación general.
Estas actuaciones urgentes se enfocan en reforzar defensas, mejorar el drenaje urbano, adaptar infraestructuras críticas y corregir puntos negros que han quedado en evidencia tras los últimos episodios de lluvia extrema. El objetivo es que el territorio gane capacidad de respuesta frente a inundaciones abruptas que se repiten con mayor frecuencia.
Sin embargo, el estudio alerta de que la planificación hidrológica, pese a haber recuperado buena parte del retraso acumulado en el pasado, se topa ahora con un problema distinto: la baja ejecución de las inversiones previstas. Según el análisis, apenas se ha materializado alrededor de un 30 % de las medidas programadas.
Entre las causas principales se señalan la escasez de recursos presupuestarios disponibles y la ausencia de un marco financiero estable y de largo plazo que dé continuidad a las obras más complejas. También se apunta a la lentitud y falta de eficacia de los procesos de contratación pública, que en ocasiones alargan durante años el tiempo que pasa desde que se decide ejecutar una infraestructura hasta que finalmente entra en servicio.
El presidente de SEOPAN, Julián Núñez, insiste en que la escasez de agua en España ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema estructural. En su opinión, cuencas como la del Júcar, con una demanda muy intensa y un alto grado de exposición a los extremos climáticos, necesitan un esfuerzo adicional de inversión y una mayor agilidad administrativa si se quiere garantizar la seguridad hídrica y cumplir los objetivos marcados por la normativa europea.
En este contexto, la Cuenca del Júcar se enfrenta a los próximos años con un reto mayúsculo: movilizar los 9.057 millones de euros previstos, acelerar la ejecución de las obras clave y combinar soluciones grises y verdes para hacer frente a sequías cada vez más prolongadas e inundaciones cada vez más virulentas. Del ritmo al que se avance dependerá, en buena medida, la capacidad del territorio para mantener el abastecimiento, sostener su actividad agrícola y reducir la exposición de casi medio millón de personas que hoy viven en zonas de riesgo.
