Los incendios en Ourense del verano de 2025, especialmente los incendios de agosto, han marcado un antes y un después en la provincia. El fuego arrasó decenas de miles de hectáreas, obligó a evacuaciones masivas que no se recordaban desde hacía décadas y dejó tras de sí un paisaje calcinado, explotaciones agrarias en jaque y cientos de familias pendientes de ayudas y de un largo proceso de recuperación.
Ante esta situación, el Gobierno central y la Xunta han articulado un paquete de medidas de emergencia, ayudas económicas y actuaciones de restauración con Ourense como uno de los territorios más beneficiados. La prioridad ahora pasa por estabilizar los suelos, recuperar los montes, sostener al sector ganadero y reforzar la prevención frente a nuevos grandes incendios en los próximos veranos, según los seguimientos de incendios en España en directo.
Ourense, epicentro de una ola de incendios sin precedentes
Durante el mes de agosto de 2025, Ourense se situó en el centro de la ola de incendios forestales que golpeó con dureza a Galicia y a otras zonas del noroeste peninsular. En la provincia ardieron más de 20.000 hectáreas, dentro de un contexto gallego en el que la superficie afectada rozó las 120.000 hectáreas, según los datos manejados por organizaciones agrarias.
En el ámbito estatal, la campaña fue especialmente crítica: más de 350.000 hectáreas resultaron calcinadas a lo largo de la año y solo en agosto se quemaron en torno a 336.000 hectáreas, concentradas mayoritariamente en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Ourense, junto con territorios como León, Ávila, Palencia o Zamora, se vio gravemente golpeada por grandes fuegos de alta intensidad.
Las consecuencias no se limitaron a la pérdida de masa forestal. El avance de las llamas provocó destrucción de viviendas, cortes de carreteras y desalojos en diversos núcleos rurales. Localidades como A Mezquita, Chandrexa de Queixa, Oímbra, A Pobra de Trives, A Rúa o Manzaneda vivieron jornadas de enorme tensión en las que muchas personas tuvieron que abandonar sus casas a toda prisa.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que tras cada cifra de hectáreas quemadas hay vecinos que han perdido algo irreemplazable. Mencionó de forma expresa a habitantes de municipios como Oímbra (Ourense) o Yeres (León), recordando que junto al impacto ambiental hay un fuerte componente humano, social y económico.
Declaración de catástrofe natural y zona gravemente afectada
Como respuesta a la magnitud de lo ocurrido, el Consejo de Ministros incluyó a Ourense entre las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a causa de los incendios forestales del verano, como el de Carballeda de Avia. Esta decisión se enmarca en una batería de acuerdos que reconocen varios de estos fuegos como catástrofe natural en provincias como Ourense, Ávila, León, Palencia y Zamora.
La declaración de catástrofe natural no se limita a un gesto simbólico: supone admitir oficialmente la gravedad del desastre y permite activar ayudas extraordinarias, subvenciones y actuaciones de emergencia tanto para la restauración ambiental como para apoyar a las familias y actividades económicas afectadas.
En la práctica, esta consideración abre la puerta a trabajos urgentes de restauración forestal, a la puesta en marcha de medidas de estabilización de suelos y a la financiación de proyectos que reduzcan el riesgo de erosión y de nuevos incendios. Además, da cobertura legal a distintas líneas de apoyo a agricultores, ganaderos y propietarios que han visto dañadas sus explotaciones e infraestructuras.
Desde el Ejecutivo central se ha insistido en que estas decisiones persiguen mitigar los efectos económicos y sociales de los incendios y, al mismo tiempo, facilitar la recuperación ambiental y productiva de los territorios más golpeados, con especial atención al medio rural.
Un presupuesto de 9,3 millones para restauración tras los incendios
En el marco de esta respuesta institucional, el Gobierno aprobó un nuevo paquete presupuestario de 9,3 millones de euros destinado a atender los daños causados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 en varias provincias, entre ellas Ourense. Este montante se centra en actuaciones de restauración hidrológico-forestal de emergencia en zonas catalogadas como gravemente afectadas.
El Consejo de Ministros tomó razón de diversas declaraciones de emergencia que permiten iniciar de forma inmediata los trabajos en los montes incendiados. Se trata de intervenciones pensadas para reparar los daños ambientales más urgentes, reforzar la capacidad de regeneración de los ecosistemas y reducir el riesgo de que los suelos desnudos queden expuestos a procesos de erosión y arrastres.
Las labores previstas incluyen recuperación de masas forestales, estabilización de laderas, control de escorrentías e instalación de defensas frente a deslizamientos o avenidas de agua y barro. El objetivo es aprovechar la ventana del invierno y la primavera para que el terreno pueda ir recuperando cierta cobertura vegetal antes de la siguiente campaña de incendios.
Además de esta partida específica para restauración de montes, el Gobierno ya había anunciado ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por los fuegos, con subvenciones que oscilan entre los 1.500 y los 10.000 euros por explotación, dentro de un presupuesto total de 27 millones de euros a escala estatal.
Más de 5,2 millones de euros para Ourense: reparto por incendios
Dentro de esos 9,3 millones de euros, Ourense es la provincia que concentra la mayor parte de la inversión. Según detalló la ministra portavoz, algo más de 5,2 millones de euros se destinarán a actuaciones de restauración hidrológico-forestal en los montes ourensanos afectados por los grandes incendios del verano.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de acuerdos para trabajos de emergencia en siete grandes focos de la provincia: los incendios de A Mezquita I y II, Chandrexa I, II y III, y Oímbra I y II. Cada uno de estos frentes recibirá una dotación específica para intervenir con rapidez sobre el terreno.
Las cantidades previstas para cada incendio son las siguientes, siempre con carácter máximo y orientadas a restaurar la funcionalidad de los ecosistemas y reducir el riesgo de degradación:
- A Mezquita I: trabajos de restauración hidrológico-forestal con un importe máximo de 799.911,13 euros.
- A Mezquita II: actuaciones de emergencia con un presupuesto de hasta 675.662,08 euros.
- Chandrexa I: labores de restauración por un máximo de 639.693,34 euros.
- Chandrexa II: intervención hidrológico-forestal con un techo de 799.502,61 euros.
- Chandrexa III: trabajos de emergencia dotados con hasta 782.178,38 euros.
- Oímbra I: actuaciones de restauración con un máximo de 799.751,30 euros.
- Oímbra II: medidas de regeneración forestal por un importe máximo de 799.827,59 euros.
En total, 5,296 millones de euros se concentrarán en estos siete focos principales de Ourense. La intención es frenar cuanto antes el deterioro de suelos y cauces, favorecer la regeneración de la cubierta vegetal y restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio ecológico de las zonas calcinadas.
Impacto en el campo ourensano: ganaderos al límite
Más allá de las cifras oficiales, el golpe de los incendios en Ourense se ha sentido con especial dureza en el sector ganadero. El fuego se llevó por delante no solo montes y pastos, sino también reservas de alimento almacenadas para el invierno, instalaciones auxiliares y parte de las infraestructuras de muchas explotaciones.
En numerosos casos, las llamas arrasaron grandes balas de forraje, hierba seca y silo que los ganaderos tenían preparados para alimentar al ganado durante los meses fríos. En cuestión de horas, el trabajo de todo un año, desde la siega hasta el almacenamiento, quedó reducido a cenizas, dejando a muchas granjas en una situación económica muy delicada.
Representantes de organizaciones como Agromuralla han explicado que, ante la magnitud de las pérdidas, hubo productores que se plantearon seriamente cerrar sus explotaciones. Sin embargo, la solidaridad del propio sector, con donaciones de forraje y apoyo logístico, ha sido clave para que buena parte de las granjas decidieran seguir adelante pese a las dificultades.
Las zonas de ganadería extensiva en Ourense y Lugo han sido especialmente vulnerables, al contar con limitada capacidad de almacenaje. Por ello, los envíos de pacas y otros suministros se han ido organizando de forma escalonada, «a cuentagotas», ajustándose a las necesidades concretas de cada ganadero para evitar que se estropeasen o que no hubiese espacio suficiente donde guardarlos.
En los primeros días tras los incendios, la Consellería de Medio Rural de la Xunta envió forraje y asumió tanto el coste del producto como del transporte, ya que el acceso de otras ayudas estaba restringido por el riesgo de entrar en áreas con fuego activo. Posteriormente, asociaciones agrarias y colectivos del sector se han hecho cargo de parte de la logística y del aprovisionamiento a las explotaciones más afectadas.
Costes del forraje y tensión económica en las explotaciones
El costo del forraje y de las balas de hierba seca es uno de los principales condicionantes para la viabilidad de las granjas que han sufrido directamente los incendios. Aunque no existe un cálculo único que resuma el valor total de lo perdido, las cifras aproximadas manejadas por organizaciones agrarias ayudan a entender la dimensión económica del problema.
Según estimaciones de Agromuralla, cada bala de forraje puede rondar los 25 euros, con una media de entre 26 y 27 unidades por camión. En un envío de 27 balas al precio citado, el importe se situaría alrededor de 675 euros por camión, a lo que hay que añadir el coste del transporte. En el caso de balas de mayor peso, el precio puede subir hasta unos 30 euros por unidad.
Otras fuentes agrarias apuntan que, a comienzos de 2026, el forraje adquirido en provincias como Zamora se está pagando en torno a 60 euros por tonelada, mientras que la paja ronda los 40 euros por tonelada y la hierba seca se sitúa en niveles similares al forraje. A esta factura hay que añadir unos portes medios de cerca de 4 céntimos por kilo, aunque las cifras concretas dependen de la empresa de transporte.
En muchos casos, las donaciones de pacas y de pienso han permitido ahorrar un dinero del que bastantes ganaderos no disponen tras el verano de incendios. Aun así, la presión de los costes sigue siendo muy elevada, especialmente si se tiene en cuenta que el precio en origen de la leche apenas supera los 50 céntimos por litro en algunas explotaciones, todavía por debajo de la media estatal.
Algo parecido ocurre con la carne de ternera gallega, cuyo valor en los mercados de ganado ronda los 9 euros por kilo según los últimos datos. Para las explotaciones afectadas por los fuegos, los ingresos derivados de la venta de leche y carne no bastan, en muchos casos, para cubrir los gastos extraordinarios de alimentación y reposición que se han generado tras la pérdida de reservas.
Ayudas a agricultores y ganaderos y apoyo institucional en Ourense
Frente a este escenario, las distintas administraciones han activado un conjunto de ayudas específicas para los afectados por los incendios en Ourense. A nivel estatal, se anunciaron subvenciones para agricultores y ganaderos con cantidades que van desde 1.500 hasta 10.000 euros por beneficiario, dentro de un paquete global de 27 millones para los territorios golpeados por los grandes incendios del verano.
Por su parte, la Xunta de Galicia ha habilitado más de 17,3 millones de euros destinados a las personas y empresas afectadas por los fuegos. Estas partidas abarcan reconstrucción de viviendas, apoyo a explotaciones agrícolas y ganaderas, y ayudas a pymes que han visto dañadas sus instalaciones o su capacidad de producción.
Las organizaciones agrarias destacan que, aunque estas ayudas son un respaldo importante para sostener al sector, los daños acumulados por la combinación de incendios, subida de costes y volatilidad de los precios siguen siendo una carga muy pesada. Muchas explotaciones se encuentran en una situación de equilibrio muy frágil y están a la espera de comprobar cómo evoluciona la campaña del próximo verano.
En municipios como A Pobra de Trives, A Rúa, Chandrexa de Queixa, Manzaneda o A Mezquita, los contactos entre ganaderos, asociaciones y administraciones han sido constantes para organizar envíos de alimento, evaluar daños y priorizar las actuaciones más urgentes. También se han articulado redes de solidaridad sectorial entre distintas comarcas y provincias.
Si los incendios de alta intensidad se mantuvieran en los próximos años y siguieran golpeando al tejido ganadero con la misma fuerza que en 2025, muchas voces del sector advierten de que la posibilidad de abandono de explotaciones es muy elevada, lo que supondría un nuevo golpe al ya tensionado equilibrio del medio rural gallego.
Cambio climático, prevención y nuevas medidas para los bomberos forestales
Los incendios en Ourense han reavivado el debate sobre cómo el cambio climático está incrementando la frecuencia y la intensidad de los grandes fuegos. La combinación de olas de calor recurrentes, masas forestales vulnerables y condiciones atmosféricas extremas ha convertido a muchas zonas del noroeste en un polvorín durante los meses estivales.
La ministra portavoz, Elma Saiz, insistió en que el cambio climático no es una teoría, sino una realidad que golpea pueblos y ciudades. A su juicio, los incendios de 2025 han dejado «una lección bien dolorosa» que obliga a replantear estrategias y a redoblar esfuerzos en materia de prevención, ordenación del territorio y gestión forestal.
Uno de los mensajes reiterados por el Ejecutivo es que los incendios de verano se apagan en invierno. La idea es adelantar cada vez más las tareas de desbroce, mantenimiento de cortafuegos, limpieza de montes y planificación de actuaciones, evitando concentrar todas las medidas en los meses previos a la campaña de alto riesgo.
En paralelo, el Gobierno ha reconocido la dureza y peligrosidad del trabajo de los bomberos forestales, agentes forestales y medioambientales. En el último Consejo de Ministros de 2025 se aprobó un acuerdo para adelantar la edad de jubilación de estos profesionales, como forma de compensar la penosidad de su labor y mejorar sus condiciones laborales.
Con estas iniciativas se pretende no solo reforzar la capacidad de respuesta ante futuros incendios, sino también garantizar que quienes se juegan la vida en primera línea cuenten con un reconocimiento acorde a su responsabilidad y con medios suficientes para desarrollar su trabajo.
Tras un verano en el que Ourense ha sufrido de lleno las consecuencias de los grandes incendios forestales, las medidas aprobadas por el Gobierno y la Xunta buscan atajar a la vez la emergencia ambiental, la crisis del sector agrario y la necesidad de reforzar la prevención. La combinación de inversiones en restauración de montes, ayudas directas a explotaciones, apoyo al tejido rural y adaptación al cambio climático será determinante para que la provincia pueda recuperarse y afrontar con algo más de seguridad las próximas campañas de fuego, en un contexto en el que la amenaza de nuevos veranos extremos sigue muy presente.
