La gestión de residuos urbanos atraviesa un momento de cambios profundos en España, con administraciones locales y autonómicas ajustando contratos, reforzando medios y acomodándose a nuevas obligaciones legales. A ello se suman los retos de las obras y demoliciones, donde la separación por materiales ya no es opcional y exige un salto operativo que no siempre es sencillo.
En este contexto, varios municipios concentran el foco por la combinación de nuevas licitaciones, inversiones y exigencias normativas. Benicàssim mueve ficha con un contrato que multiplica recursos; Málaga escala presupuesto, moderniza su flota y encara la futura tasa; el sector de RCD reclama soluciones para cumplir la ley sin colapsar la ciudad; y la Generalitat acelera la retirada de escombros en zonas afectadas por inundaciones.
Benicàssim: nuevo contrato con más equipos, flota renovada y orgánica
La mesa de contratación del Ayuntamiento de Benicàssim ha verificado las ofertas de FCC y Fobesa para el nuevo servicio de gestión de residuos y limpieza viaria, uno de los contratos más relevantes del municipio. El presupuesto anual previsto asciende a 5 millones de euros, aproximadamente el triple del actual (1,7 millones), con la meta de elevar la calidad del servicio tanto en temporada alta como en el resto del año.
El pliego refuerza personal y medios para responder a las demandas presentes y futuras. Además de ampliar las brigadas, se prevé una renovación integral de equipamiento y un aumento de frecuencias de limpieza y recogida, incluyendo la implantación de la fracción orgánica.
- Duplicación de brigadas multitarea durante todo el año y refuerzo en picos turísticos.
- Flota, maquinaria y contenedores totalmente renovados y más eficientes.
- Sistema mecanizado de lavado y más frecuencias de higienización.
- Implantación del contenedor de biorresiduos con mayor capilaridad.
- Poda y enseres: de una ruta mixta diaria a dos rutas diferenciadas.
- Refuerzo de baldeos con agua a presión en todo el término municipal.
Desde la oposición, el PSPV-PSOE critica el volumen global del contrato, al considerar que favorece a grandes compañías y limita la participación de las empresas locales. La propuesta socialista contempla licitar por separado la recogida y la limpieza viaria para aumentar la competencia y mejorar la calidad del servicio. Este debate se resolverá cuando la mesa evalúe las propuestas.
Más presupuesto, nueva tasa obligatoria y un salto en inversiones en Málaga
La empresa pública de limpieza de Málaga, Limasam, opera desde 2020 y afronta este ejercicio con el mayor presupuesto de su historia: 151 millones de euros. La inversión equivale a un coste de 255,36 euros/año por habitante, considerando los 591.637 residentes. En ciudades comparables, como Sevilla, el gasto por persona es menor, aproximadamente 202 euros, con un presupuesto de 129,7 millones.
Las normativas europeas y estatales exigen aplicar la tasa de residuos para reflejar el coste real de recogida, transporte y tratamiento. La Ley 7/2022 impone a los municipios su implantación, aunque Málaga aún no ha establecido la fecha, ante el plazo legal vigente.
En materia de personal, los gastos alcanzan 94,5 millones (cerca del 62% del total), incluyendo plantilla fija, eventual y cuotas de Seguridad Social. El presupuesto también contempla inversiones en modernización, especialmente en la flota y el Centro Ambiental de Los Ruices.
- 25,6 millones destinados a proyectos de inversión (aproximadamente el 17% del presupuesto).
- Compra de 57 vehículos de limpieza y recogida, más eficientes y menos contaminantes, por 7,5 millones.
- Adquisición de dos grúas y un compactador para Los Ruises por 1,96 millones.
- Continuidad en las inversiones Next Generation, con mejoras en la planta de biorresiduos y en la recuperación de envases.
- Proyecto para un nuevo vertedero en Los Ruices, con una inversión de 4,1 millones.
- Relevo en grúas puente birraíl tras 25 años en servicio.
- Renovación de 64 vehículos en 2024, con un coste de 5,3 millones.
El Ayuntamiento debe aplicar la tasa de residuos, cuyo monto dependerá del diseño final. Según datos del Observatorio de Fiscalidad de Residuos, el recibo medio por hogar en toda España sería de aproximadamente 92,5 euros anuales, aunque esta cifra no es directamente extrapolable.
Obras menores y RCD: la separación en origen que aprieta a la operativa
La Asociación de Transportistas de Contenedores de Málaga (Atcoma) ha puesto el foco en los residuos de construcción y demolición (RCD), especialmente en los generados por obras menores. La Ley 7/2022 —artículo 30— exige separar en origen los residuos en distintos flujos (madera, plásticos, metales, yesos, peligrosos, etc.) y a partir del 1 de agosto las plantas no podrán aceptar RCD mezclados. La situación en las calles, con cubas abiertas, ha generado aportes ajenos y acumulaciones prolongadas.
El sector advierte de un cuello de botella: la presencia de contenedores saturados y sin cubrir, con cargas que superan el borde, dificulta el tratamiento posterior. Además, hay una clasificación insuficiente de los residuos, lo que puede cerrar el ciclo de gestión y cumplimiento normativo.
Se estima que hay 34 empresas involucradas que mueven aproximadamente 561.600 toneladas anuales, generando cerca de 250 empleos. La paralización del servicio, por imposibilidad de gestionar adecuadamente los residuos, afectaría la actividad constructiva, el entorno y la imagen urbana. Ante la reactivación del sector y eventos como la Feria, existe preocupación por la acumulación de residuos si no se adoptan soluciones prácticas.
Zonas inundadas: apoyo extraordinario de la Generalitat para retirar escombros
En los municipios afectados por las inundaciones de octubre, la Generalitat ha activado un nuevo plan para apoyar en la retirada de escombros derivados de las obras de reconstrucción. El president, Carlos Mazón, solicitó a los ayuntamientos que comuniquen las ubicaciones donde se acumulan estos residuos.
Este operativo complementa el plan inicial de recolecta, que movilizó más de 800.000 toneladas de restos, en un programa con un presupuesto de casi 180 millones de euros. Tras vaciar los Puntos de Acopio, estos han vuelto a llenarse con los trabajos menores que se llevan a cabo en las zonas afectadas.
Aunque la gestión de estos residuos domésticos recae en las administraciones locales, el Consell reafirma su compromiso de apoyar la recuperación y coordinar la retirada de los nuevos acopios para dejar las parcelas en condiciones y facilitar la gestión futura a través de los cauces habituales.
El panorama que se dibuja en distintas ciudades y territorios apunta a una gestión de residuos que gana en complejidad: mayor inversión en recursos y tecnología, obligatoriedad de repercutir los costes reales, separación estricta de RCD y dispositivos para situaciones de emergencia. La coordinación entre administraciones, operadores y ciudadanía será clave para que la implementación sea efectiva y las calles permanezcan limpias en todo momento.