La energÃa solar fotovoltaica vive un momento de aceleración en España, con registros que la sitúan en torno al 26% de la generación eléctrica y un ritmo de despliegue que ha duplicado la potencia instalada en pocos años. Este impulso convive, sin embargo, con un escrutinio creciente sobre el territorio, la biodiversidad y la seguridad, en un contexto donde también circula ruido informativo.
En las últimas semanas se han sucedido nuevos proyectos, recursos administrativos y debates públicos en torno a plantas solares de distinto tamaño y ubicación. Este artÃculo reúne los hechos más relevantes: la impugnación de la planta SPK Trujillo en Extremadura, la verificación de datos sobre Garnacha Solar en Zamora, las inquietudes tras el incendio de Tres Cantos y un repaso a riesgos y buenas prácticas en instalaciones fotovoltaicas, apoyado por información divulgativa y datos técnicos recientes.
Expansión solar y creciente escrutinio ambiental
Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado un recurso de alzada ante el MITERD contra la autorización de la planta SPK Trujillo, promovida por Solarpack. El proyecto, con una extensión de 427 hectáreas y más de 260.000 módulos, se ubica a unos 5 kilómetros de Trujillo. El escrito sostiene que la evaluación de impacto ambiental no se corresponderÃa con el diseño finalmente autorizado, que hay afecciones a suelo no urbanizable protegido y proximidad a espacios Red Natura 2000, y denuncia la ausencia de un análisis de impactos acumulativos con otras plantas de la zona. La organización solicita la revocación de la autorización y la suspensión de efectos ante posibles daños irreparables en el patrimonio natural.
En Castilla y León, la planta Garnacha Solar, de 114 MW y 224 hectáreas en Toro (Zamora), mantiene un contrato de compraventa por el que Google adquirirá el 70% de la energÃa durante al menos 12 años. Las verificaciones independientes apuntan que los paneles no se instalaron sobre viñedos; quienes sà ocuparon antiguas viñas fueron la subestación asociada, con 6,28 hectáreas expropiadas. Esa superficie representa cerca del 0,22% de las viñas del municipio y alrededor del 2,8% del ámbito total del parque, matizando asà algunas afirmaciones difundidas en redes.
Este despliegue llega acompañado de cifras que ayudan a contextualizar el salto del sector: la fotovoltaica suma ya aprox. 34 GW frente a los 11 GW de 2020, situando al paÃs como segundo de Europa en potencia instalada, solo por detrás de Alemania. La planificación nacional fija el objetivo de 76 GW para 2030, con un impulso notable del autoconsumo industrial. Según investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, el precio de los paneles ha caÃdo a un tercio en el último año, favoreciendo nuevas inversiones.
La labor divulgativa de la web Fesolar, elaborada por personal de la UPV, recoge que la vida útil de los paneles supera los 40 años y permite calcular el tiempo de amortización de la huella de carbono. También repasa materiales y tecnologÃas (desde el silicio hasta las perovskitas) y aclara que no se emplean tierras raras en la industria fotovoltaica convencional. Además, explora nuevas formas de despliegue, como paneles verticales, agrovoltaica o fotovoltaica flotante, pensadas para integrar la generación en distintos usos del suelo.
En paralelo, continúan los anuncios empresariales. Audax Renovables ha iniciado en Navalmoral de la Mata (Cáceres) una planta de 21,88 MWp con 37.368 módulos bifaciales, que prevé producir unos 42 GWh al año (equivalentes a unos 14.000 hogares) y evitar 11.466 tCO2 anuales. La evacuación se realizará por una lÃnea de 20 kV y 7.151 metros y la inversión asciende a 17 millones de euros, financiados con el BEI. La compañÃa también ha puesto en marcha la planta Madroño (5,5 MWp) en Talavera de la Reina, dentro de un porfolio renovable en expansión.
Incendios, seguridad y ruido informativo
El incendio forestal de agosto en Tres Cantos, con más de 1.500 hectáreas afectadas, ha reavivado el debate sobre la ubicación de infraestructuras energéticas en la sierra de Madrid. Aunque las primeras indagaciones apuntan a un origen natural, la coincidencia temporal con la tramitación de proyectos como la fotovoltaica GR MandarÃn ha generado inquietud vecinal por el paisaje, la biodiversidad y las distancias de seguridad a áreas habitadas.
La normativa prevé fases de información pública para alegaciones y exige respetar distancias mÃnimas a viviendas, carreteras y espacios de valor ambiental. Colectivos locales reclaman estudios de impacto más exhaustivos y una difusión más efectiva de los procedimientos, especialmente en zonas con riesgo elevado de incendios.
En redes sociales se han difundido mensajes que vinculan sin pruebas el incendio con la tramitación de proyectos solares o de biogás. Los verificadores de datos y versiones oficiales insisten en que no hay evidencias de esa relación y señalan la necesidad de información clara y accesible para evitar la propagación de bulos en situaciones de alta sensibilidad social.
Sobre la seguridad técnica en plantas fotovoltaicas, se han documentado incidentes por defectos de fabricación, conexiones deficientes, deterioro del cableado o fallos en cajas de conexión que pueden originar arcos eléctricos. La extinción es compleja por el riesgo de electrocución si el sistema sigue generando, lo que obliga a protocolos estrictos de desconexión y, en ocasiones, a demorar la intervención hasta que disminuya la irradiación.
El precedente de Talaván (Cáceres) ilustra la gravedad potencial: un fuego iniciado en una planta derivó en un incendio forestal que activó el nivel 1 del INFOCAEX. Más de 90 efectivos, con medios terrestres y aéreos, trabajaron durante horas para estabilizar las llamas, que llegaron a acercarse a Monroy. La actuación rápida evitó que alcanzaran zonas habitadas, pero ese episodio refuerza la necesidad de prevención, mantenimiento y vigilancia continuos en instalaciones y su entorno.
La aceleración de la fotovoltaica en España convive, por tanto, con un mayor nivel de exigencia social e institucional. Proyectos bien ubicados, EIA rigurosas y actualizadas, análisis de impactos acumulativos, compatibilidad urbanÃstica y medidas de prevención de incendios resultan clave para acompasar la transición energética con la conservación del territorio y la confianza pública. El apoyo de recursos divulgativos solventes y una participación ciudadana efectiva pueden marcar la diferencia entre el rechazo y la aceptación social de un despliegue que, hecho con criterio, puede integrarse en el medio rural y natural sin desvirtuarlo.
