Tras el impacto provocado por el apagón eléctrico del pasado mes de abril, el Gobierno español ha decidido reforzar su apoyo al sector de las energías renovables con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2025, que introduce un conjunto de medidas normativas destinadas a garantizar la viabilidad de cientos de proyectos solares y eólicos en riesgo de cancelación. Esta respuesta llega en un momento crítico, con el sector enfrentando obstáculos burocráticos, reducción de inversiones y un contexto de precios energéticos a la baja. La nueva regulación busca dar oxígeno a los promotores y asegurar la continuidad del proceso de transformación energética, considerado esencial para la seguridad y autosuficiencia energética del país.
El decreto responde a las reclamaciones de la industria renovable y de las principales asociaciones sectoriales, que venían alertando del peligro de una criba masiva de proyectos motivada por la expiración de los plazos administrativos y la lentitud en la concesión de permisos. Con medidas que flexibilizan los tiempos y agilizan trámites, el Gobierno pretende allanar el camino hacia los ambiciosos objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y reforzar la competitividad española en materia de sostenibilidad.
Prórrogas y flexibilidad para evitar la cancelación de proyectos renovables
Uno de los principales ejes del real decreto es la ampliación de los plazos para que las plantas solares y eólicas puedan iniciar su actividad sin perder los derechos de acceso a la red eléctrica, una situación que afectaba a decenas de proyectos ya construidos o en avanzada fase de ejecución. El Ejecutivo concede ahora prórrogas de hasta tres años y permite reprogramar la puesta en marcha de las instalaciones, tanto para los desarrollos con derechos anteriores a 2018 como para los posteriores, reconociendo el peso de los retrasos en permisos, recursos judiciales o trámites administrativos fuera del control de los promotores.
Desde Transición Ecológica se subraya la importancia de un despliegue renovable ordenado y eficiente, que tenga en cuenta los cuellos de botella derivados del incremento de la demanda eléctrica y las limitaciones de la actual red de transporte. Por ello, se habilita la suspensión de plazos en caso de paralizaciones judiciales y se permite que las comunidades autónomas revisen la validez del cumplimiento de hitos si se acreditan causas sobrevenidas ajenas a las empresas.
El almacenamiento y la estabilidad del sistema pasan a primer plano
El almacenamiento de energía se convierte en protagonista y elemento clave del nuevo marco normativo. El decreto reconoce la utilidad pública de este tipo de infraestructuras, lo que facilita su tramitación y abre la puerta a su integración tanto como generadores como como consumidores dentro del sistema eléctrico. Se flexibiliza la hibridación de instalaciones renovables con sistemas de almacenamiento, evitando duplicidades en los procesos aprobatorios y dotando a los proyectos de una mayor estabilidad jurídica.
Además, las plantas renovables podrán participar activamente en la regulación de la tensión y en los servicios de ajuste y balance del sistema, funciones hasta ahora reservadas, en su mayoría, a la generación convencional. Esta medida, avalada por la CNMC, permitirá que las tecnologías verdes contribuyan a la estabilidad de la red, sobre todo en escenarios de alta penetración renovable y precios bajos.
Agilización de trámites y respaldo a la electrificación
Entre las nuevas herramientas administrativas, el Gobierno introduce la simplificación de los procedimientos para la repotenciación de instalaciones (renovación de equipos antiguos), el acceso preferente a proyectos que integren almacenamiento o la exención de evaluaciones ambientales para modificaciones dentro del perímetro autorizado. También se clarifica la responsabilidad operativa en infraestructuras de evacuación compartidas, obligando a acuerdos vinculantes que evitan bloqueos y conflictos entre promotores.
El decreto impulsa la electrificación de la demanda tanto en el ámbito doméstico como industrial. Se promueve la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, el fomento de tecnologías eficientes como la aerotermia y la creación de clústeres industriales electrificados. Además, se introducen incentivos fiscales (bonificaciones en el IBI, ICIO o exclusión del IAE) para tecnologías eléctricas de bajo consumo y se facilitan mecanismos de autoconsumo compartido, ampliando el radio permitido hasta 5 kilómetros entre consumidores conectados a la misma red de baja tensión.
Refuerzo del operador de red y supervisión del sistema
La reforma también actualiza el papel del operador del sistema eléctrico y la planificación de redes. Se exige la adaptación periódica del plan de inversiones cada tres años y se establecen mecanismos para liberar capacidad de acceso bloqueada por derechos no utilizados, lo que permitirá la entrada de nuevas actividades industriales y proyectos renovables en regiones donde la congestión de la red lo impedía. Paralelamente, se reduce la duración máxima de los procesos de conexión para nuevas demandas y se optimiza el uso de infraestructuras infrautilizadas.
En el plano regulatorio, la CNMC deberá poner en marcha un plan extraordinario de inspección centrado en la capacidad operativa de los diferentes agentes del sistema, con el objetivo de garantizar la respuesta ante futuras situaciones de tensión extrema o apagones.
Un marco más estable y dinámico para acelerar la transición energética
Este conjunto de medidas supone un punto de inflexión para el desarrollo de las energías renovables en España. El nuevo marco operativo pretende reducir la incertidumbre regulatoria, asegurar la viabilidad financiera y técnica de los proyectos y maximizar la integración de las renovables en el mix energético nacional. El consenso entre instituciones, asociaciones empresariales y actores técnicos destaca que, con este impulso, el sistema eléctrico español estará mejor preparado para afrontar los retos de una transición energética rápida, ordenada y alineada con los objetivos climáticos y de reindustrialización.
