La contaminación marina en la costa de Telde se ha convertido en uno de los episodios ambientales más delicados de los últimos años en Canarias. Un vertido masivo de restos orgánicos, pienso y microplásticos frente a la zona de Salinetas desencadenó una crisis que ha mantenido durante semanas cerradas al baño varias playas del municipio, con repercusiones evidentes para vecinos, turistas y negocios vinculados al litoral.
Lo que empezó como la detección de manchas sospechosas en el mar a comienzos de octubre terminó derivando en un conflicto político y social de gran calado. Administraciones públicas, empresa concesionaria de las jaulas marinas, colectivos ciudadanos y sector turístico se han visto envueltos en un escenario de reproches cruzados, acusaciones de falta de transparencia y exigencias de depuración de responsabilidades.
Origen del episodio y primeras señales de alarma
Según los distintos relatos oficiales y políticos, el 3 de octubre se detectaron las primeras manchas frente a la playa de Salinetas, en el litoral teldense. Imágenes satelitales y observaciones sobre el terreno confirmaron la presencia de una masa compuesta por restos orgánicos, pienso utilizado en acuicultura y microplásticos dispersos en la columna de agua.
Con el paso de los días, esa contaminación dejó de ser un fenómeno localizado y se extendió a buena parte del sureste y sur de Gran Canaria. Las zonas costeras de Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana e incluso Mogán llegaron a registrar la presencia de restos vinculados a este episodio, lo que elevó la preocupación en plena temporada alta turística.
El Ayuntamiento de Telde relaciona la crisis con la muerte masiva de peces en las jaulas marinas situadas frente a la costa. Se habla de más de 2.500 toneladas de animales muertos en un corto margen de tiempo, supuestamente por un vertido de materia orgánica en descomposición, extremo que está aún bajo investigación por parte del Seprona, la Fiscalía de Medio Ambiente y la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.
En paralelo, desde el ámbito municipal se recuerda la existencia de una denuncia previa de un trabajador de la empresa acuícola, presentada en septiembre, en la que se advertía de la muerte diaria de grandes cantidades de peces por una posible bacteria. Para el alcalde, ese testimonio es una pieza relevante en el puzle que todavía no ha sido suficientemente aclarada con documentación oficial.
Activación del PLATECA y controversia por los plazos
Uno de los puntos más polémicos de esta crisis ha sido el momento en que se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA). Mientras la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, insiste en que se tardó un mes en ponerlo en marcha, el Gobierno de Canarias sostiene que se actuó correctamente y sin demoras injustificadas.
Hernández, que fue alcaldesa de Telde y hoy es representante en el Parlamento autonómico, recuerda que la contaminación se hizo pública el 3 de octubre, pero la Dirección General de Emergencias no activó el PLATECA hasta el 6 de noviembre. A su juicio, ese periodo supuso un tiempo perdido para coordinar recursos, organizar una limpieza efectiva mar adentro y minimizar daños ambientales y económicos.
Desde el Ejecutivo regional, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ofrece una versión distinta. Explica que su departamento y la Dirección General de Pesca se pusieron a trabajar “desde el comienzo, en el ámbito de sus competencias”, y que el PLATECA se activa formalmente cuando las manchas llegan a la costa y existe un riesgo claro para los bañistas. Es en ese momento, sostiene, cuando la Dirección General de Emergencias impulsa el plan, se establece un centro de coordinación y se garantiza el flujo de información entre todas las administraciones implicadas.
El consejero defiende que “ha habido gestión y transparencia” y que el Ayuntamiento de Telde ha tenido acceso en todo momento a los datos sobre la evolución de las manchas. Sin embargo, desde el consistorio se replica que la información recibida ha sido insuficiente y poco sistemática, lo que les ha llevado a mantener una vigilancia propia con drones y análisis independientes.
Cierre de playas y vigilancia sanitaria continua
La consecuencia más visible para la población ha sido el cierre prolongado de las playas teldenses. Salinetas, Melenara, Aguadulce, Ojos de Garza y Tufia llegaron a permanecer hasta 42 y 43 días con bandera roja y prohibición de baño, según detalló el Gobierno de Canarias en sede parlamentaria.
Desde Salud Pública se han venido realizando controles prácticamente diarios de la calidad del agua en las zonas afectadas. Los análisis han detectado presencia de heces en el mar y parámetros no compatibles con un baño seguro, por lo que las autoridades sanitarias han recomendado mantener cerrados los arenales mientras persistieran indicadores negativos.
El PLATECA se ha mantenido en fase de prealerta, una situación que, según el consejero Miranda, está pensada para proteger a las personas aunque tenga un impacto directo en la economía local. El propio consejero admite que el cierre ha supuesto “daños económicos” para restauración, bares, comercios y actividades asociadas al turismo de playa, pero insiste en que la prioridad es la salud pública.
Tras más de seis semanas de restricciones, los últimos informes de la Dirección General de Salud Pública empezaron a señalar una mejora sostenida de los parámetros del agua. Ese cambio de tendencia permitió autorizar progresivamente la reapertura de algunas calas, comenzando por la playa de Tufia y, poco después, extendiéndose a Salinetas, Melenara, Aguadulce y Ojos de Garza, siempre respaldados por informes oficiales que certifican que el agua es apta para el baño.
Desconfianza del Ayuntamiento y uso de drones de vigilancia
En este contexto, el Ayuntamiento de Telde ha optado por reforzar su propia capacidad de control. El alcalde, Juan Antonio Peña, ha relatado que el municipio ha llevado a cabo analíticas de agua, estudios de corrientes marinas, inspecciones del emisario municipal y un seguimiento constante mediante drones, sin encontrar pruebas que apunten a un vertido desde la infraestructura local de saneamiento.
Una de las actuaciones más comentadas ha sido la inspección aérea realizada por UNIDRON, bajo coordinación de la Policía Local de Telde. Durante uno de estos vuelos se detectaron peces muertos cerca de la costa de Salinetas y ejemplares sin vida en el interior de las jaulas marinas, aparentemente sin un estado de descomposición avanzado. Estas imágenes han sido utilizadas por el consistorio para cuestionar los informes que daban por retirados todos los restos de las instalaciones acuícolas.
El alcalde se mostró especialmente molesto al considerar que la información comunicada en el PLATECA no coincidía con lo captado por los drones. Según ha manifestado, se había asegurado que no quedaban restos en las jaulas, pero las grabaciones del dispositivo municipal indicarían lo contrario. Por ello, ha reclamado explicaciones inmediatas y una rectificación sobre los datos compartidos en el marco del plan de emergencias.
La relación con la empresa que gestiona las jaulas marinas se ha tensionado aún más después de que la compañía anunciara una denuncia contra el Ayuntamiento de Telde por el uso del dron sobre sus instalaciones, alegando falta de permiso para estos vuelos. El consistorio, por su parte, indica que existía coordinación previa y autorización de las autoridades aeronáuticas, y defiende la legitimidad de estas inspecciones por motivos de salud pública y protección ambiental.
Ante la incertidumbre persistente, UNIDRON ha mantenido un dispositivo de vigilancia reforzado sobre el litoral, sobre todo los fines de semana, con el objetivo de contar con un registro continuo de la situación y detectar a tiempo cualquier nuevo episodio de mortalidad de peces o acumulación de restos en superficie.
Pulso político en el Parlamento de Canarias
La gestión de este episodio ha saltado con fuerza al Parlamento de Canarias. Carmen Hernández ha aprovechado varias sesiones de control para interpelar al consejero Manuel Miranda, calificando la situación como “la mayor crisis de contaminación marina en la costa de Telde en décadas”. La diputada denuncia una “mala gestión” y una “absoluta falta de transparencia” por parte del Gobierno autonómico.
Hernández subraya que no se trata de un problema limitado al municipio, sino de un impacto que ha alcanzado distintas localidades del sureste y sur de Gran Canaria. A su juicio, la tardanza en activar el PLATECA ha comprometido la posibilidad de una respuesta más rápida y coordinada, tanto para acotar la contaminación como para organizar operativos de limpieza en alta mar.
La diputada de NC-BC exige además que se celebren reuniones abiertas con la ciudadanía y el Ayuntamiento de Telde, en las que se expliquen con claridad las decisiones adoptadas, los resultados de las investigaciones y los planes previstos para restaurar el litoral y evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.
Desde el Gobierno regional, Miranda insiste en que “ha habido gestión y transparencia” y que el Ayuntamiento ha tenido acceso a la información generada por las distintas administraciones y entidades colaboradoras, incluidas universidades y centros de investigación como PLOCAN. El consejero considera que no ha existido ocultación de datos y que las medidas adoptadas han buscado, ante todo, proteger a la población frente a posibles riesgos sanitarios.
Investigaciones abiertas y papel de la empresa acuícola
Mientras prosigue el cruce de declaraciones, el foco se mantiene sobre el origen concreto del vertido y el papel de la actividad acuícola frente a la costa de Telde. El Gobierno de Canarias ha confiado en la Consejería de Transición Ecológica, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil la tarea de esclarecer qué ocurrió exactamente y quién debe asumir las responsabilidades correspondientes.
La empresa concesionaria de las jaulas marinas niega tener responsabilidad directa en el episodio de contaminación y sostiene que las muertes de peces detectadas recientemente “entran dentro de la normalidad” de su actividad, sin relación con el incidente inicial. Asimismo, apunta que las instalaciones y el agua de las jaulas se encuentran en buen estado, apoyándose en un acta de la Dirección General de Pesca que habría certificado normalidad en la operativa y limpieza de las estructuras.
Sin embargo, informes municipales y registros audiovisuales provenientes de los drones de la Policía Local han alimentado las dudas sobre la gestión interna de los residuos orgánicos y de los animales muertos. Para el alcalde Peña, resulta imprescindible aclarar si existieron retrasos o deficiencias en la retirada y tratamiento de los peces fallecidos, y en qué medida esa posible demora pudo contribuir a la aparición de manchas y restos frente a la costa.
De forma paralela, colectivos vecinales y plataformas ciudadanas —como ‘Por un litoral limpio’— han convocado concentraciones y protestas contra las jaulas marinas, reclamando una revisión profunda de las concesiones administrativas y, en algunos casos, la retirada definitiva de estas instalaciones del litoral teldense.
El Ayuntamiento, por su parte, ha ido ampliando la documentación remitida a la Fiscalía y no descarta emprender acciones judiciales para reclamar compensaciones económicas cuando se determinen con claridad las responsabilidades. El consistorio insiste en que el municipio “no puede cargar con una culpa que no se sostiene técnicamente” a la luz de las analíticas y estudios de corrientes realizados hasta ahora.
Impacto económico, social y reapertura progresiva del litoral
La crisis de contaminación marina ha tenido un fuerte impacto económico sobre Telde y su entorno. El cierre prolongado de playas muy frecuentadas, tanto por residentes como por turistas, ha afectado de lleno a negocios de restauración, bares, cafeterías y otros servicios que dependen en buena medida del flujo de visitantes en el litoral.
Además del descenso en la afluencia habitual, muchos vecinos han expresado desconfianza y preocupación por el estado real del mar, lo que ha generado cancelaciones de reservas, cambios de planes vacacionales y un ambiente de incertidumbre en plena temporada alta. El alcalde ha hablado incluso de “pérdidas millonarias” asociadas al cierre de los arenales y a la prolongación de la prealerta.
Con la mejora paulatina de los parámetros de calidad del agua, la Dirección General de Salud Pública ha emitido informes favorables que han permitido la reapertura escalonada de las playas. Primero se autorizó la apertura de Tufia, y posteriormente se han ido levantando prohibiciones en Salinetas, Melenara, Aguadulce y Ojos de Garza, siempre condicionadas a las analíticas más recientes.
El alcalde Juan Antonio Peña ha subrayado que, aunque la vuelta a la normalidad en el uso recreativo del litoral es una buena noticia, el Ayuntamiento mantendrá activas todas las líneas de investigación. Asegura que la prioridad no es solo reabrir las playas, sino conocer “toda la verdad” sobre lo sucedido, garantizar que el litoral quede protegido a futuro y reforzar los mecanismos de control sobre cualquier actividad potencialmente contaminante en el entorno.
Desde el consistorio se insiste en que no se abrirá ninguna playa sin informe sanitario favorable y que todas las decisiones se siguen tomando con “criterios técnicos, transparencia y prudencia”. Además, se recalca que se seguirá informando a la ciudadanía de forma continua sobre cualquier novedad relacionada con el estado de las aguas y las medidas que se adopten.
Tras semanas de cierres, investigaciones y tensiones políticas, la costa de Telde encara una etapa de aparente mejora ambiental pero de intensa demanda de explicaciones. Las administraciones implicadas, la empresa acuícola y la ciudadanía tienen ahora por delante el reto de aclarar el origen del vertido, afinar los protocolos de respuesta y recuperar la confianza en un litoral que, para muchos vecinos y visitantes, forma parte esencial de su vida cotidiana y de la imagen turística de Gran Canaria.
