Tras dos semanas de negociaciones maratonianas, el resultado final deja un sabor bastante agridulce para la Unión Europea, España y buena parte de América Latina: se ha aprobado un nuevo marco de cooperación, el llamado Global Mutirão, con avances en adaptación, financiación y transparencia, pero el texto principal evita mencionar de forma clara la salida de los combustibles fósiles y relega a iniciativas paralelas las hojas de ruta sobre energía y deforestación.
Un acuerdo sin combustibles fósiles en el texto central
Los países reunidos en la COP30 aprobaron por consenso un documento final que, pese a la presión de la UE y aliados como Colombia, no incluye una referencia directa a dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. El texto reconoce de forma genérica decisiones anteriores, como la “transición” fijada en la COP28 de Dubái, pero evita fijar un calendario o metas claras de eliminación.
El presidente de la cumbre, el diplomático brasileño André Corrêa do Lago, admitió en el plenario de clausura que “algunos países tenían mayores ambiciones” y se comprometió a trabajar durante su presidencia para responder a esas demandas. Sin embargo, la negativa rotunda del bloque árabe y de varios grandes productores de hidrocarburos terminó enterrando cualquier formulación más contundente sobre combustibles fósiles en el cuerpo principal del acuerdo.
Para tratar de compensar esta ausencia, Corrêa do Lago anunció la creación de dos “hojas de ruta” paralelas: una para la transición energética lejos de los combustibles fósiles y otra para revertir la deforestación. Ambas funcionarán como marcos voluntarios fuera del acuerdo formal, con reuniones técnicas y de alto nivel durante el año de presidencia brasileña.
La primera gran conferencia de este ciclo se celebrará en abril en Colombia y estará centrada en la reducción del uso de combustibles fósiles. Participarán gobiernos, industria y sociedad civil, con un fuerte énfasis en la evidencia científica, y sus resultados se volcarán de nuevo en el proceso de la COP. Aun así, el carácter no vinculante de estas hojas de ruta ha sido recibido con escepticismo por parte de muchas delegaciones europeas y latinoamericanas.
Choque con la Unión Europea y el “no” anunciado de España
En el tramo final de la cumbre, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, fue especialmente clara: si la presidencia brasileña mantenía el borrador presentado, “nuestro voto es no”. El motivo: la exclusión de una hoja de ruta concreta para el fin de los combustibles fósiles y la falta de un paquete suficientemente equilibrado entre ambición climática y medios de implementación.
Aagesen explicó que la UE y un bloque de 39 países habían remitido una carta a la presidencia reclamando mayor ambición, una senda clara de abandono progresivo de los combustibles fósiles y garantías sobre la financiación y los instrumentos necesarios para hacer esa transición posible. Según subrayó, esas líneas rojas están directamente ligadas a la supervivencia del Acuerdo de París y al objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 ºC.
Pese a las advertencias europeas, el texto final mantuvo un enfoque muy prudente en materia de hidrocarburos, lo que dejó a la UE “arrinconada” y con poco margen negociador. La fórmula para triplicar los fondos de adaptación ya estaba incluida desde los primeros borradores, de manera que Bruselas tenía pocas fichas que ofrecer a cambio de una mayor contundencia climática por parte de los países productores.
En paralelo, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, llegó a poner sobre la mesa el fantasma del “no acuerdo” si se eliminaba la hoja de ruta fósil, pero finalmente el bloque europeo se vio obligado a aceptar un pacto de mínimos, con el compromiso financiero intacto pero sin avance sustancial sobre el carbón, el petróleo y el gas. La sensación en muchas capitales europeas es que el equilibrio de poder en las negociaciones se ha desplazado hacia los países BASIC y BRICS, reduciendo la capacidad de influencia de la UE.
Global Mutirão: un marco de cooperación con decisiones aplazadas
El gran producto político de la COP30 fue el acuerdo Global Mutirão -“Colaboración Global”-, anunciado por Corrêa do Lago y celebrado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como la prueba de que “la ciencia prevalece y el multilateralismo sigue vivo” en un año en el que el planeta habría superado por primera vez, y quizá de forma permanente, el umbral de 1,5 ºC sobre niveles preindustriales.
Este documento, adoptado por 194 países, propone acelerar la aplicación del Acuerdo de París, resalta la urgencia de reducir emisiones con rapidez y hace hincapié en la equidad, los derechos humanos y la necesidad de reforzar la cooperación internacional. También reconoce de forma explícita las carencias actuales en la financiación climática, tanto para mitigación como para adaptación.
Global Mutirão prevé triplicar la financiación destinada a la adaptación, con la meta de alcanzar en torno a 120.000 millones de dólares anuales, aunque el horizonte temporal se ha desplazado hasta 2035. Del mismo modo, se fija como objetivo movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales para acción climática en esa misma fecha, un incremento significativo respecto a los compromisos previos, pero insuficiente en opinión de muchos países vulnerables.
El acuerdo incluye avances en reglas de transparencia y seguimiento, así como nuevos indicadores globales de adaptación frente al cambio climático. No obstante, estos indicadores serán voluntarios y “no punitivos”, y el propio texto aclara que no se usarán para condicionar financiación ni imponer barreras comerciales. La ambigüedad en este punto provocó duras críticas de delegaciones como Panamá, que denunciaron la falta de metadatos y metodologías claras para garantizar que los indicadores sirvan realmente para medir avances.
Aunque el Global Mutirão se presenta como una señal política fuerte, muchas de las decisiones más espinosas se han reprogramado para 2026 y años posteriores, lo que refuerza la idea de que la COP30 ha sido, sobre todo, un ejercicio de contención para evitar un fracaso al estilo de la COP15 de Copenhague, más que una verdadera actualización de ambición climática.
Transición justa, sistemas agroalimentarios y derecho a la alimentación
Más allá de la energía, la COP30 ha supuesto un giro importante al situar la transición justa y la transformación de los sistemas agroalimentarios en el centro de la agenda. La Declaración de Líderes de Belém sobre Hambre, Pobreza y Acción Climática Centrada en las Personas reconoce por primera vez de manera tan explícita que no habrá transición climática efectiva sin cambiar la forma en que producimos y consumimos alimentos.
El texto sitúa el derecho humano a la alimentación como principio rector y subraya el papel esencial de los productores familiares y de pequeña escala. Históricamente, agricultura y alimentación habían quedado en los márgenes de las negociaciones, pese a ser uno de los sectores más golpeados por el calentamiento global y al mismo tiempo una de las principales palancas para la mitigación, la adaptación y la restauración de ecosistemas.
La experiencia de Brasil, anfitrión de la cumbre, ha sido presentada como ejemplo de cómo agricultura familiar, protección social y conservación ambiental pueden integrarse dentro de una misma visión de desarrollo. Políticas como Hambre Cero, programas como Bolsa Familia, la compra pública a pequeños productores o los esfuerzos en reducción de la deforestación han mostrado que es posible combinar reducción de pobreza rural y sostenibilidad.
En el plano global, la cumbre recordó cifras especialmente preocupantes: centenares de millones de personas sufren hambre y más de 2.400 millones padecen inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que los sistemas alimentarios son responsables de alrededor de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ignorar este vínculo supone, según los expertos presentes en Belém, condenar al fracaso cualquier estrategia climática.
En este contexto, el Programa Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP) fue presentado como un modelo de puente entre desarrollo y clima. Desde 2010 ha movilizado unos 2.500 millones de dólares y mejorado los ingresos y la seguridad alimentaria de decenas de millones de personas en países de renta baja, con casi la mitad de sus proyectos centrados en resiliencia climática. No obstante, incluso esta escala se considera insuficiente frente a la magnitud del desafío.
Financiación, comercio y papel de las empresas europeas
La financiación climática ha sido uno de los ejes más sensibles de la COP30, con una brecha muy marcada entre la retórica de los compromisos y los fondos que realmente llegan al terreno. Menos del 10 % de la financiación global de adaptación llega hoy al nivel local, y los pequeños productores agrícolas apenas captan una fracción mínima de los recursos disponibles.
Los debates en Belém han insistido en la necesidad de cerrar la separación entre financiación climática y financiación para el desarrollo, tradicionalmente gestionadas en “silos” independientes. La transición justa requiere arquitecturas financieras integradas capaces de abordar simultáneamente resiliencia, inclusión económica, seguridad alimentaria y reducción de emisiones.
En paralelo, la COP30 ha colocado el comercio internacional en el centro de las discusiones climáticas como nunca antes. La futura aplicación por parte de la Unión Europea de mecanismos de ajuste en frontera del carbono -que afectarán a productos intensivos en emisiones como acero, fertilizantes, cemento o aluminio- ha generado tensiones con socios comerciales clave, especialmente China, India y Arabia Saudí.
Para encauzar estas tensiones, el acuerdo final establece un diálogo de tres años sobre comercio y clima, en el que participarán gobiernos y actores como la Organización Mundial del Comercio. La idea es explorar cómo alinear las reglas del comercio con los objetivos de descarbonización sin caer en medidas percibidas como proteccionistas.
Desde la óptica empresarial, la cumbre ha dejado claro que las empresas europeas y españolas deberán adaptarse a normas cada vez más estrictas de transparencia climática y huella de carbono. El texto de la COP30 reconoce por primera vez la necesidad de combatir la desinformación climática y proteger a periodistas, científicos e investigadores, lo que podría desembocar en regulaciones que exijan a las compañías evitar mensajes engañosos y fortalecer sus reportes de sostenibilidad.
El sector privado también ha tenido un papel protagonista a través del Pacto Mundial de la ONU España, que organizó en la Zona Azul de la cumbre encuentros sobre adaptación, planes de transición climática hacia emisiones netas cero, descarbonización de cadenas de suministro y cumplimiento de las regulaciones climáticas de la UE. Estos foros han puesto de relieve que las empresas que integren la sostenibilidad en el núcleo de su modelo de negocio estarán mejor posicionadas para acceder a la nueva financiación verde y competir en un mercado cada vez más exigente.
Mecanismo de Transición Justa, género y resiliencia social
Otro de los avances más valorados por la sociedad civil ha sido la aprobación del Mecanismo para una Transición Justa, también conocido como Mecanismo de Acción de Belém (BAM). Este instrumento pretende garantizar que el paso hacia una economía baja en carbono no deje atrás a trabajadores ni a comunidades vulnerables, especialmente en sectores como la energía, la agricultura o la minería de minerales críticos.
El mecanismo subraya la importancia de proteger los derechos laborales, de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes durante la transición. Aunque su implementación dependerá de la voluntad de los países, sienta las bases para exigir a empresas y gobiernos que integren la justicia social en sus estrategias climáticas.
En la misma línea, la COP30 adoptó un nuevo Gender Action Plan (GAP) para el periodo 2026-2034, que busca integrar la igualdad de género en todas las políticas y programas de acción climática. Esto implica, entre otras cosas, asegurar la participación efectiva de mujeres en los procesos de decisión, promover su acceso a financiación y tecnología y reconocer su rol clave en la gestión de recursos naturales.
Organizaciones humanitarias como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), donde se integra Cruz Roja Española, insistieron en que adaptarse al calor extremo y reforzar los sistemas de salud ya no es una opción, sino una urgencia absoluta. Las olas de calor, las inundaciones y las sequías están generando un aumento de patologías respiratorias, infecciosas y problemas de salud mental, con un impacto desproporcionado en las comunidades más vulnerables.
La IFRC reclama elevar tanto la cantidad como la calidad de la financiación que llega a estas comunidades, desarrollar sistemas eficaces de alerta temprana, fortalecer la protección social capaz de responder a crisis climáticas y desplegar soluciones basadas en la naturaleza. En su visión, gobiernos, autoridades locales y redes de voluntariado deben avanzar de la mano para reducir riesgos y evitar que el cambio climático se convierta en una crisis humanitaria permanente.
Tensiones procedimentales, críticas a Brasil y futuro de las COP
Si algo ha marcado a la COP30 es la profunda división interna y las tensiones sobre la forma de conducir las negociaciones. Varios países latinoamericanos -entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay- protestaron durante la plenaria final alegando que la presidencia brasileña no les había concedido la palabra antes de dar por aprobados los acuerdos.
Las objeciones llevaron a Corrêa do Lago a suspender temporalmente la sesión para consultas. A su regreso, pidió disculpas por no haber visto a tiempo las peticiones de intervención y atribuyó el error al cansancio, pero rechazó reabrir la votación tras “haber batido el martillo”. La decisión desató el malestar de delegaciones como la colombiana, que recordaron que la COP30 había sido presentada precisamente como la “cumbre de la verdad y la confianza”.
Países como Panamá y representantes del Cono Sur también criticaron la presentación tardía de 59 nuevos indicadores de adaptación, sin tiempo suficiente para analizarlos y sin el soporte técnico necesario para garantizar su fundamento científico. A ello se sumaron nuevas controversias por el uso de lenguaje inclusivo en los textos, con países como Rusia, Argentina o Paraguay exigiendo definiciones cerradas de “hombre” y “mujer” basadas exclusivamente en el sexo.
Estas fricciones han reavivado el debate sobre la propia viabilidad del formato de las COP, donde miles de negociadores pasan semanas discutiendo fórmulas y matices a altas horas de la madrugada. Numerosos observadores cuestionan que las decisiones sobre el futuro energético del planeta dependan de maratones negociadoras en salas cerradas, lejos del día a día de la ciudadanía.
Voces de la sociedad civil y del mundo académico plantean que el proceso necesita una profunda modernización, complementándolo con acuerdos sectoriales y coaliciones específicas fuera del marco de la ONU que permitan avanzar con mayor rapidez, sin renunciar al paraguas global que ha permitido hitos como el Acuerdo de París.
Belém, la Amazonía y el legado iberoamericano
Más allá del resultado político, la COP30 ha dejado una huella visible en la propia ciudad anfitriona. Belém ha experimentado una de sus mayores transformaciones urbanas y medioambientales en décadas, con grandes obras de macrodrenaje en varias cuencas que han reducido notablemente las inundaciones y mejorado la vida de cientos de miles de residentes.
La reconversión del antiguo aeropuerto en el actual Parque da Cidade se ha convertido en uno de los símbolos de esta modernización: un espacio antes cerrado y sin uso que ahora funciona como punto de encuentro, ocio y cultura, y que se ha posicionado como referencia de urbanismo sostenible. Nuevas infraestructuras de transporte, como un puente atirantado y un sistema BRT, junto a mejoras en conectividad digital, han reforzado además la movilidad y la comunicación en la ciudad.
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha jugado un papel de apoyo clave en esta transformación, colaborando con el Gobierno brasileño en la preparación logística, capacitación de personal y articulación de proyectos que seguirán teniendo impacto más allá de la cumbre. Su espacio “Iberoamérica viva” sirvió de plataforma para debates sobre innovación sostenible, financiación climática, transición energética justa, educación y cultura.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra “Empreender Clima”, impulsada junto a socios brasileños para acercar crédito verde, formación y tecnología sostenible a emprendedores, especialmente micro y pequeñas empresas. También se firmó un acuerdo estratégico con la Organización Iberoamericana de Juventud para fortalecer el liderazgo juvenil en educación, cultura y justicia socioambiental.
Para Brasil, la COP30 ha sido también una oportunidad de reafirmar la transición ecológica como camino de desarrollo y de situar a la Amazonía en el centro del debate climático mundial. La creación del Fondo Bosques Tropicales Para Siempre, concebido para remunerar la conservación de selvas tropicales mediante inversiones públicas y privadas, es una de las apuestas que se seguirán de cerca en Europa por su potencial impacto en la protección de sumideros de carbono clave.
Con todo, las intensas divisiones sobre combustibles fósiles, la financiación y el propio método de negociación dejan una estampa ambivalente: la COP30 ha evitado un colapso al estilo de Copenhague, mantiene vivo el marco del Acuerdo de París y refuerza la agenda de adaptación y transición justa, pero al mismo tiempo exhibe un sistema multilateral bajo tensión, en el que la capacidad de alcanzar acuerdos verdaderamente transformadores se enfrenta a crecientes bloqueos geopolíticos.
En este escenario, España y la Unión Europea se preparan para un ciclo en el que la defensa del objetivo de 1,5 ºC, la presión para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, la apuesta por sistemas agroalimentarios sostenibles y el impulso a la financiación verde serán claves para que las próximas cumbres no se limiten a gestionar la inercia, sino que consigan orientar de forma creíble el rumbo climático global.