El cambio climático ya no es una amenaza lejana ni un debate reservado a especialistas: está modificando el clima en España y en Europa, condicionando la forma en que vivimos en las ciudades, cómo trabajamos y hasta la manera en que los sistemas sanitarios y los presupuestos públicos deben organizarse para proteger la salud.
En los últimos años, distintos estudios y debates en nuestro país y en la Unión Europea han puesto sobre la mesa un mensaje claro: la combinación de olas de calor más intensas, eventos extremos, contaminación y envejecimiento poblacional está generando más enfermedad, muertes evitables y desigualdades, mientras las herramientas de adaptación y prevención avanzan a distinta velocidad.
Ciudades frente al cambio climático: debate y acción en España
El papel de las ciudades como frente principal de la lucha climática se está afianzando. En Aragón, el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPNA), junto con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, ha impulsado un ciclo de debates bajo el título “Ciudades frente al cambio climático: diálogo para la acción”, con una segunda mesa dedicada específicamente al ámbito urbano.
En este encuentro se analizan retos muy concretos: el aumento de las temperaturas en entornos urbanos, la intensificación de episodios extremos y cómo todo ello repercute en la salud y la calidad de vida. La idea de fondo es que la adaptación no puede quedarse en documentos estratégicos, sino traducirse en cambios en el diseño urbano, en la gestión del verde y en las políticas municipales.
Desde la geografía física, el catedrático José María Cuadrat aborda el fenómeno de la isla de calor urbana, es decir, el exceso térmico que sufren las ciudades respecto a su entorno, y plantea soluciones ligadas a la planificación: más sombra, más vegetación, menos superficies asfaltadas y un diseño urbano que atenúe, en lugar de amplificar, los extremos térmicos.
En paralelo, profesionales de la salud pública como Julio Díaz y Cristina Linares, del Instituto de Salud Carlos III y del Observatorio de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad, profundizan en la relación entre cambio climático y salud poblacional, desde el incremento de la mortalidad por calor hasta el impacto de la contaminación del aire o la aparición de nuevos riesgos biológicos.
La visión local se completa con la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona, representado por Irma Ventayol, que expone medidas concretas del Plan Clima de la ciudad: proyectos de renaturalización, gestión de jardines, creación de espacios de sombra y estrategias para reducir el efecto isla de calor. A este enfoque se suman las iniciativas de ECODES, presentadas por Pablo Pevidal, que ilustran cómo distintas urbes están experimentando con fórmulas para adaptarse y mitigar los impactos climáticos.
El propio CPNA, además de moderar el debate, se compromete a elaborar un informe de conclusiones para que las ideas discutidas no se queden en el papel, sino que puedan alimentar decisiones informadas en materia de mitigación y adaptación urbana.
Arbolado urbano y adaptación local: el caso de Estella-Lizarra
La adaptación al cambio climático en las ciudades no se limita a grandes planes; también se juega a escala de barrio, calle y plaza. Un ejemplo significativo es el primer inventario integral del arbolado municipal elaborado en Estella-Lizarra, donde el Ayuntamiento ha encargado a la consultora Ahora Clima un estudio exhaustivo para conocer, árbol a árbol, la situación del verde urbano.
Este inventario, que analiza 2.931 ejemplares de 125 especies, con datos sobre ubicación, altura, edad, vitalidad, estructura o nivel de riesgo, se concibe como una herramienta de planificación a largo plazo. Cada árbol ha sido geolocalizado, lo que permite una gestión moderna, seguimiento en el tiempo y decisiones basadas en criterios técnicos y ambientales.
Entre las conclusiones destaca que el 81% del arbolado tiene una vitalidad alta, solo un 3,5% se encuentra en estado muy deteriorado y apenas un 2,6% presenta una inclinación severa. Es decir, la ciudad cuenta con una infraestructura verde en buen estado, pero que requiere una gestión cuidadosa de podas, sustituciones y ampliación de alcorques para asegurar su futuro.
El informe insiste en que el arbolado urbano es mucho más que un elemento ornamental: protege frente a olas de calor crecientes, reduce la mortalidad asociada a temperaturas extremas, mejora la calidad del aire y del agua, amortigua el ruido, favorece la biodiversidad y ayuda a mitigar el cambio climático absorbiendo CO₂. En el caso de Estella-Lizarra, se calcula que los árboles compensan alrededor de 2.500 toneladas de dióxido de carbono y proporcionan una superficie de sombra estimada de 90.000 m².
El estudio también analiza las diferencias entre árboles plantados en tierra y aquellos situados en alcorques. Los primeros muestran un desarrollo claramente mejor, lo que lleva a proponer la ampliación de 275 alcorques y a descartar solo ocho ubicaciones como no aptas para replantación. Además, se sugiere ir incorporando especies más resistentes a altas temperaturas y a la menor disponibilidad hídrica prevista en los próximos años.
Con este tipo de inventarios, los ayuntamientos disponen de una base objetiva para orientar su estrategia hacia una ciudad más verde y resistente al calor, con el arbolado como pieza clave de la adaptación climática urbana.
Olas de frío, olas de calor y un clima que ya ha cambiado
Mientras el debate público a veces se centra en si un episodio concreto es o no una “ola de frío”, los datos muestran que el patrón climático en España está cambiando con rapidez: las olas de frío se hacen menos frecuentes y menos intensas, al tiempo que las olas de calor aumentan en número, duración e impacto.
Un análisis de Meteoclimática, iniciativa del CREAF con datos de AEMET, revela que en los últimos 50 años la duración de las olas de frío en España se ha reducido a un ritmo de 1,2 días por década. En la última década se han contabilizado nueve episodios de este tipo, frente a los 14 registrados entre 2006 y 2015. Incluso se apunta a la posibilidad de encadenar tres inviernos consecutivos sin ninguna ola de frío oficial, algo sin precedentes desde que existen registros.
Al mismo tiempo, las olas de calor se han disparado: mientras entre 2006 y 2015 se documentaron 13, en la última década la cifra asciende a 30, con años como 2022 en los que se acumularon 41 días bajo condiciones de ola de calor. Estudios científicos sobre extremos climáticos en España entre 1940 y 2014 señalan que, a partir de los años ochenta, la intensidad de las olas de calor supera con frecuencia a la de los episodios fríos, invirtiendo el patrón observado en décadas anteriores.
La distribución geográfica de las olas de frío también presenta matices. Provincias como Huesca y Tarragona concentran el mayor número de episodios de frío extremo en los últimos 50 años, debido a la exposición a masas de aire continentales, mientras que zonas del noroeste peninsular, más influidas por el Atlántico, registran muchos menos. Sin embargo, la tendencia general en toda la península es de disminución del frío extremo, especialmente en áreas de montaña, Baleares, el valle del Ebro y el suroeste.
Las proyecciones para las próximas décadas apuntan a que, aunque las olas de frío no desaparecerán, serán menos frecuentes y durarán menos. Para el periodo 2021-2050 se estima que el número de días anuales afectados por olas de frío se reducirá aproximadamente a la mitad respecto a 1971-2000, con un descenso de hasta 2,4 días por década en algunos escenarios. Las zonas más afectadas por esta disminución serán el sur de los Pirineos, la mitad sur del litoral mediterráneo y Baleares.
Caso aparte es la borrasca Filomena, que en el invierno 2020-2021 combinó aire cálido y húmedo con temperaturas muy bajas en superficie, generando nevadas históricas en buena parte del país. Los análisis posteriores sugieren que el cambio climático no incrementa necesariamente la frecuencia de este tipo de borrascas, pero sí puede modificar su intensidad e impactos, reforzando las precipitaciones en forma de nieve en áreas frías y favoreciendo que, en zonas de transición como Madrid, pequeños cambios de temperatura determinen si se acumula nieve o se transforma rápidamente en lluvia.
Cambio climático y salud laboral: nuevos riesgos en el trabajo
La transformación del clima no solo incide en la vida cotidiana, sino que está reconfigurando los riesgos en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. La diferencia entre un ciudadano y un trabajador es que este último se ve obligado a permanecer en determinadas condiciones ambientales por exigencias de su empleo, lo que agrava su exposición a extremos térmicos y otros factores asociados al cambio climático.
En sectores como la agricultura, la construcción o los servicios de emergencias, el estrés térmico por calor deja de ser un riesgo ocasional para convertirse en un problema estructural. No se trata solo de golpes de calor puntuales: el aumento de las olas de calor y de las noches tropicales obliga a repensar horarios, equipamientos, pausas y medidas de hidratación, y ha dado pie a nuevas regulaciones, como el Real Decreto que refuerza la protección durante episodios de temperaturas extremas.
La degradación de la calidad del aire en episodios de estabilidad atmosférica y anticiclones veraniegos afecta con particular dureza a quienes trabajan al aire libre, expuestos a boinas de contaminación persistente. A esto se suma la expansión de vectores biológicos como mosquitos y garrapatas, cuyo ciclo de vida se acelera con pocos grados adicionales, abriendo la puerta a enfermedades que antes se consideraban lejanas.
El calentamiento también impacta sobre la calidad del agua, al ralentizar los procesos de depuración natural en ríos y masas de agua superficiales, con el consiguiente aumento de la carga patógena y del riesgo de infecciones gastrointestinales para trabajadores expuestos. Todo ello exige una prevención más fina y personalizada, que tenga en cuenta condiciones de salud previas, embarazo, edad, o barreras idiomáticas que dificultan la formación en seguridad.
Este escenario refuerza la idea de que la respuesta empresarial no puede limitarse a cumplir los mínimos legales. La ética ambiental y preventiva se plantea como una estrategia de futuro: gestión responsable de recursos como el agua y la energía, protección específica de colectivos vulnerables y reducción real de la huella de carbono corporativa, no solo por imperativo normativo, sino como forma de garantizar la continuidad de la actividad en un clima cambiante.
Percepción social de la ciencia y del cambio climático en España
La manera en que la ciudadanía entiende el cambio climático condiciona tanto la presión social para actuar como la aceptación de las medidas necesarias. Un estudio reciente sobre cultura científica en España, elaborado por la Fundación BBVA, muestra una realidad ambivalente: interés por la ciencia, pero lagunas importantes en conocimientos clave, especialmente en temas relacionados con la crisis climática.
Según este trabajo, una parte significativa de la población sigue atribuyendo el cambio climático a causas naturales o lo vincula erróneamente al agujero de la capa de ozono. Solo algo menos de la mitad identifica como falsa la afirmación de que el calentamiento actual se debe únicamente a ciclos naturales de la Tierra, mientras alrededor de un tercio mantiene esa creencia o expresa dudas al respecto.
El nivel educativo marca diferencias claras: casi la mitad de quienes tienen estudios terciarios muestran un conocimiento científico alto o muy alto, frente a un porcentaje mucho menor entre quienes solo han cursado estudios primarios. Esta brecha se refleja también en la percepción del propio cambio climático y su gravedad: apenas un pequeño porcentaje de quienes poseen mayor formación cuestiona su existencia, mientras entre los niveles educativos más bajos el escepticismo es bastante mayor.
El estudio también señala que la ideología influye: entre quienes se sitúan políticamente en la derecha aumenta la proporción de personas que ponen en duda la existencia del cambio climático, en comparación con quienes se identifican con posiciones de izquierda. Pese a todo, la mayoría de la sociedad no adopta un prisma abiertamente anticientífico ni conspirativo, aunque determinadas creencias de este tipo mantienen cierta presencia en segmentos concretos.
En paralelo, el informe detecta una familiaridad desigual con la historia de la ciencia: nombres como Albert Einstein o Marie Curie son muy reconocidos, pero una parte significativa de la población no es capaz de citar a ninguna figura científica relevante. Y, aunque la ciencia despierta interés, casi nueve de cada diez personas admiten que aparece poco o nunca en sus conversaciones cotidianas, lo que dificulta que cuestiones como el cambio climático se integren en el debate social con la profundidad necesaria.
Este contexto plantea un reto doble: reforzar la educación y comunicación científica para desmontar mitos persistentes sobre el clima, y asegurar que la información ofrecida por instituciones públicas, medios y expertos sea accesible, rigurosa y capaz de contrarrestar la desinformación y las teorías conspirativas que circulan, sobre todo, en redes sociales.
Salud pública europea y presupuesto climático: la mirada a Bruselas
A escala europea, la crisis climática se ha convertido en uno de los principales riesgos para la salud pública. El aumento de las temperaturas, la contaminación del aire y la mayor frecuencia de eventos extremos se traducen en más mortalidad, más enfermedades crónicas y mayor presión sobre unos sistemas sanitarios que ya afrontan retos demográficos y financieros de calado.
Los datos recientes son elocuentes: solo en el verano de 2024 se estimaron más de 62.000 muertes atribuibles al calor en Europa, con un impacto especialmente elevado en personas mayores de 75 años y con una mortalidad marcadamente más alta en mujeres. Paralelamente, alrededor del 95% de la población urbana de la UE sigue respirando niveles de contaminación superiores a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El Banco Europeo de Inversiones calcula que el cambio climático incrementará de forma sostenida la demanda de atención sanitaria, con cientos de millones de estancias hospitalarias, visitas a urgencias y consultas adicionales en las próximas décadas. Sin embargo, los análisis de organizaciones como Salud por Derecho señalan que la salud continúa siendo un elemento casi invisible en la arquitectura de los grandes presupuestos europeos.
De cara al nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, la Comisión Europea propone un presupuesto agregado cercano a los dos billones de euros, con un techo de gasto en torno al 1,26% de la renta nacional bruta de la UE. No obstante, una parte considerable de ese aumento se destinará a devolver la deuda asociada al programa Next Generation EU y, una vez descontada la inflación, el margen real de inversión es más ajustado de lo que parece.
El objetivo de que al menos el 35% del gasto tenga impacto climático se presenta como ambicioso, pero el análisis muestra que se calcula sobre una base que excluye partidas relevantes como defensa y seguridad, lo que reduce su alcance efectivo. Además, la supresión del objetivo específico del 10% para biodiversidad y la integración del programa LIFE en otras líneas de financiación se interpretan como un debilitamiento de los instrumentos dedicados a prevención ambiental y climática.
La existencia de subsidios que siguen apoyando a los combustibles fósiles, cifrados en más de 100.000 millones de euros en la UE, contrasta con las inversiones adicionales necesarias para cumplir los objetivos climáticos, estimadas cerca del 2% del PIB europeo anual. Organizaciones especializadas advierten de que, sin un giro claro hacia la anticipación de riesgos y la incorporación sistemática de la salud en la evaluación de programas y fondos, el presupuesto corre el riesgo de seguir centrado en gestionar crisis una vez que el daño ya es difícilmente reversible.
La dimensión social y de desigualdad ocupa un lugar clave en este debate. El cambio climático muestra un claro gradiente social: las personas con menos recursos, peor vivienda y peor acceso a servicios sanitarios son quienes más sufren las olas de calor, la contaminación y los eventos extremos. Por ello, se reclama que el futuro presupuesto europeo refuerce los mecanismos de transición justa, introduzca asignaciones vinculantes orientadas a equidad y coloque la salud como criterio transversal en la planificación de las inversiones comunitarias.
Educación, financiación y acción local: claves para una adaptación justa
La panorámica que dibujan estos datos y debates enlaza varios niveles de respuesta. A escala local, los ejemplos de ciudades que analizan su arbolado urbano, desarrollan planes de clima o impulsan mesas de debate técnico muestran que la adaptación es una tarea muy concreta: gestionar mejor el verde, rediseñar espacios públicos, proteger a las personas más vulnerables al calor y anticipar los efectos de un clima más extremo en barrios y municipios.
En el terreno laboral, la actualización de la normativa, las evaluaciones de riesgos ligadas al clima y las estrategias empresariales de prevención avanzada ayudan a reducir la exposición obligada a temperaturas extremas y contaminación, reforzando la seguridad y la salud de millones de trabajadores. Todo ello requiere un enfoque interdisciplinar en el que médicos, ingenieros, biólogos, urbanistas y especialistas en prevención colaboren de forma estrecha.
A nivel social, los estudios sobre cultura científica insisten en que es imprescindible mejorar el conocimiento ciudadano sobre el cambio climático y sus causas humanas, no solo para combatir el negacionismo, sino para generar apoyo a políticas ambiciosas, tanto en materia de reducción de emisiones como de adaptación y protección de la salud.
Y en el plano europeo, la discusión sobre el Marco Financiero Plurianual abre una ventana de oportunidad para que el presupuesto comunitario actúe como una verdadera herramienta de prevención climática y sanitaria, reforzando los fondos destinados a mitigación, adaptación, biodiversidad y transición justa, y sometiendo todas las políticas a evaluaciones sistemáticas de impacto en salud.
La combinación de evidencias científicas, experiencias locales y decisiones financieras de largo alcance dibuja un escenario en el que el cambio climático ya está condicionando el día a día en España y en Europa; la cuestión crucial es si las ciudades, los sistemas sanitarios, el mundo laboral y las instituciones serán capaces de adelantarse a los impactos o se limitarán a ir detrás de ellos, gestionando sus consecuencias cuando ya casi no haya margen para corregirlas.
