El último informe Lancet Countdown, elaborado por 146 investigadores de más de un centenar de instituciones y con la colaboración estratégica de la OMS, dibuja un escenario incómodo: el cambio climático ya no es solo un asunto ambiental, sino una amenaza sanitaria que se acelera. Los autores piden que se declare formalmente como emergencia sanitaria mundial para pasar de los compromisos voluntarios a una gestión coordinada y obligatoria. No se trata de un empeoramiento gradual, sino de un cambio de ritmo, según el documento, que analiza 54 indicadores y se publica antes de la COP31 en Turquía.
La fotografía que deja el informe es la de una década posterior al Acuerdo de París en la que varios riesgos han crecido más deprisa que en el periodo anterior. El calor extremo se relacionó en 2023 con unas 710.000 muertes en el mundo y más del 70% de esa carga se atribuye al cambio climático provocado por la actividad humana. Las estimaciones manejan alrededor de tres millones de muertes vinculadas al calor desde la entrada en vigor de París, una cifra que los expertos consideran compatible con el aumento de la exposición y la vulnerabilidad.
El calor ya no es una anécdota sanitaria

La serie de datos sobre mortalidad por calor es tozuda. La media anual en la última década ronda las 540.800 muertes, y los fallecimientos relacionados con el calor han aumentado cerca de un 36% tras París frente a la década previa. En 2023, el calor extremo se cobró más vidas que la malaria o el VIH, según las comparaciones recogidas por los autores. El informe insiste en que el riesgo no depende solo de los termómetros, sino de la edad, la vivienda y la capacidad de adaptación.
El impacto laboral también es sanitario. En 2025, la exposición al calor provocó la pérdida de 573.000 millones de horas de trabajo potencial y unas pérdidas de ingresos de 1,07 billones de dólares, el 0,91% de la producción económica mundial. La agricultura concentró el 38% de ese quebranto y la construcción el 29%. Por regiones, las pérdidas equivalieron al 0,2% del PIB en Europa, al 3,2% en África y al 3,9% en el sureste asiático.
El agua es otro frente abierto. Durante 2025, el 51,8% de la superficie terrestre sufrió al menos un mes de sequía extrema, el segundo registro más alto tras 2023. Las precipitaciones extremas afectaron anualmente al 17,2% del territorio global entre 2016 y 2025, frente al 14,8% de la década anterior. Los cambios en los ciclos hídricos amenazan cultivos, saneamiento y seguridad alimentaria, y no siempre se manifiestan como una sequía: también hay zonas que se vuelven más húmedas y sufren inundaciones.
Sequías, lluvias y enfermedades: la salud bajo presión

La transmisión de enfermedades infecciosas se está desplazando. La idoneidad climática para el dengue aumentó un 24,39% para el mosquito Aedes albopictus y un 7,39% para el Aedes aegypti entre 1981-1990 y 2016-2025. A la vez, la contaminación atmosférica procedente de combustibles fósiles sigue causando alrededor de 2,73 millones de muertes prematuras al año. No todo es mala noticia: en 77 países donde bajó la contaminación fósil desde 2016 se evitaron unas 323.000 muertes anuales, una muestra de que las políticas de aire limpio salvan vidas.
La adaptación sanitaria va muy por detrás de la amenaza. Solo 56 de los 194 Estados miembros de la OMS contaban con un plan nacional para adaptar sus servicios sanitarios al cambio climático. Los países en desarrollo han calculado necesidades mínimas de 3.300 millones de dólares anuales para adaptación sanitaria, pero en 2024 apenas se comprometieron 1.100 millones. La brecha no es solo de dinero: también afecta a datos, alertas tempranas y capacidad de respuesta.
Energía limpia y subvenciones fósiles: señales contradictorias

El mundo invierte cada vez más en energías limpias, pero sigue alimentando la dependencia fósil. La inversión en energía limpia alcanzó un récord de 2,1 billones de dólares en 2025, un 82% más que la destinada a combustibles fósiles. Sin embargo, estos hidrocarburos continúan suministrando más del 80% de la energía mundial y las 100 mayores empresas de petróleo y gas prevén producir un 150% más de lo compatible con el límite de 1,5 °C para 2040. Ahí está la contradicción: se avanza en renovables, pero se planifican activos que pueden quedar varados.
Las ayudas públicas tampoco ayudan. El informe cifra en 906.000 millones de dólares las subvenciones netas a combustibles fósiles concedidas por 87 países en 2024; el acumulado neto desde París alcanza los 6,2 billones. En diez países se gastó más en estas ayudas que en sanidad. Corregir estas señales económicas se presenta como una palanca clave para acelerar la transición y proteger la salud.
Qué piden los expertos y por qué afecta a España y Europa
Los autores reclaman un nuevo instrumento de Naciones Unidas que sitúe la salud en el centro de las decisiones climáticas, con reducciones urgentes y equitativas de emisiones, financiación mediante subvenciones y datos climáticos y sanitarios tratados como bien público global. La declaración formal de emergencia sanitaria mundial permitiría, a su juicio, reforzar la vigilancia, movilizar recursos y crear mecanismos de rendición de cuentas. La COP31, prevista en Turquía, será la próxima prueba de si esas demandas se traducen en compromisos concretos.
En España, entidades como Salud por Derecho y SESPAS han respaldado la necesidad de abordar el cambio climático como un problema sanitario de primer orden. El debate europeo también mira a la salud de las ciudades europeas, la adaptación de los servicios públicos y la financiación climática, asuntos que el informe relaciona directamente con la salud. La protección de las personas más expuestas —quienes trabajan al aire libre, viven en viviendas mal acondicionadas o tienen menos recursos— aparece como el criterio que debe guiar las decisiones.
La evidencia acumulada deja pocas lecturas tranquilizadoras: el calor, la sequía, las inundaciones, la contaminación y las enfermedades transmitidas por vectores están presionando a unos sistemas sanitarios que no siempre están preparados. Frente a ello, el informe no pide esperar a un futuro lejano, sino reconocer una emergencia presente, corregir las subvenciones que mantienen el rumbo fósil y colocar la salud en el centro de cada decisión climática. La pregunta ya no es si el clima afecta a la salud, sino cuánto se tardará en actuar con la escala que los datos exigen.
Índice

