La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas dirigida específicamente a los montes de titularidad privada, con el foco puesto en la prevención de incendios forestales y en la mejora de la gestión selvícola. Se trata de una línea de apoyo que busca implicar de lleno a los propietarios en el cuidado de sus masas arboladas y en la reducción del riesgo de grandes fuegos.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027 y está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con una dotación total de 45 millones de euros. El planteamiento es claro: destinar recursos a inversiones forestales no productivas que ayuden a proteger el medio natural y el territorio rural frente a incendios, desastres naturales y otras catástrofes.
Un plan de ayudas para prevenir daños y reforzar la selvicultura
El núcleo de la convocatoria es la financiación de un plan quinquenal de actuaciones de prevención de daños y selvicultura en cada explotación o agrupación beneficiaria. Ese documento servirá como hoja de ruta para organizar, durante cinco años, las labores destinadas a disminuir la carga de combustible vegetal y a mejorar el estado general de los montes privados.
En estos planes se podrán incluir tratamientos selvícolas como clareos, podas, eliminación de matorral excesivo, creación o mejora de fajas auxiliares y otras intervenciones que faciliten el acceso de los medios de extinción y reduzcan la continuidad del combustible. También se contempla la financiación de infraestructuras forestales vinculadas a la prevención de incendios, siempre dentro del carácter no productivo de las inversiones.
La Junta ha previsto que la ejecución material de los trabajos se desarrolle entre los años 2027 y 2031, lo que permite dar continuidad a las medidas iniciadas en convocatorias anteriores. De este modo se evita que los montes queden desatendidos entre programas y se mantiene una línea de trabajo estable a medio plazo.
Según la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el propósito es concentrar los recursos en aquellas zonas de mayor riesgo de incendios y donde la gestión activa del combustible puede marcar la diferencia. En los últimos años, la comunidad ha vivido campañas especialmente complejas, lo que ha llevado a reforzar las políticas preventivas.
Estas ayudas se conciben, además, como una herramienta de desarrollo rural, ya que el mantenimiento activo de los montes privados contribuye a sostener actividad económica en el medio rural, mejora el paisaje y reduce los costes ambientales y económicos asociados a los grandes incendios.
Quién puede optar a las ayudas en montes privados
La convocatoria está dirigida de forma exclusiva a titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado, aunque abarca distintas figuras jurídicas. El objetivo es llegar tanto a pequeños propietarios como a titulares de grandes superficies, así como a grupos organizados.
En primer lugar, se admite la participación de personas físicas y personas jurídicas que sean propietarias de montes o superficies forestales privadas. No hay distinción entre particulares, empresas u otro tipo de entidades, siempre que acrediten la titularidad y cumplan el resto de requisitos establecidos.
También se incluyen las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales, incluso aunque no cuenten con personalidad jurídica propia. En estos casos, deberán realizar de forma conjunta todas las actuaciones previstas en el plan quinquenal y designar a un representante con poderes suficientes para asumir las obligaciones como beneficiario ante la Administración.
Cada uno de los miembros de la agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario, aunque la ayuda se concederá formalmente a la agrupación. Eso sí, existe una limitación importante: quienes ya dispongan de un plan de gestión forestal aprobado y en vigor no podrán agruparse con titulares cuyas explotaciones carezcan de un plan de gestión forestal en esa misma situación.
Junto a estas figuras, podrán solicitar las subvenciones las comunidades de bienes titulares de terrenos forestales privados. En cambio, las entidades locales solamente podrán agruparse entre sí y no podrán mezclarse con otros tipos de beneficiarios, respetando así la normativa aplicable a los montes de carácter público.
Importes, financiación y características de las subvenciones
El esquema económico de la convocatoria establece que cada expediente podrá recibir entre 30.000 y 90.000 euros, en función de la superficie, el alcance del plan de actuaciones y las características del proyecto presentado. Esta horquilla permite atender tanto intervenciones de menor entidad como planes más ambiciosos en grandes propiedades o agrupaciones.
La ayuda se distribuye a lo largo de un periodo de cinco años desde la concesión, en coherencia con la duración del plan quinquenal. Esta financiación escalonada facilita programar los trabajos por fases, adaptarlos a la evolución del monte y evitar concentrar todo el esfuerzo en un solo ejercicio.
Una de las claves de la convocatoria es que se puede financiar hasta el 100 % del importe solicitado, con un máximo de 90.000 euros por expediente. De esta manera, se rebaja de forma significativa la barrera económica que suele frenar a muchos propietarios a la hora de acometer labores selvícolas de carácter preventivo.
Además de la ejecución sobre el terreno, estas ayudas permiten sufragar la redacción del propio plan quinquenal de actuaciones, documento imprescindible para estructurar y justificar las intervenciones previstas. El enfoque de medio plazo da más coherencia a la gestión y evita que las labores se reduzcan a actuaciones puntuales sin continuidad.
En conjunto, la dotación de 45 millones de euros busca llegar a un número amplio de expedientes y cubrir un porcentaje elevado de las necesidades detectadas en los montes privados de la comunidad, siempre dentro del marco fijado por el PEPAC y por los fondos FEADER.
Procedimiento de solicitud: solo por vía telemática
La tramitación de estas ayudas se realiza exclusivamente de forma electrónica. Las solicitudes deben presentarse a través de la aplicación SCAG (Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos), en el apartado específico de Contratos de Prevención de Daños y Selvicultura 2026.
El acceso se lleva a cabo desde la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, donde los interesados encuentran el formulario oficial, la normativa aplicable, los modelos anexos y las instrucciones necesarias para completar el procedimiento. Es necesario disponer de los medios de identificación y firma electrónica admitidos por la Administración autonómica.
El plazo para presentar solicitudes permanece abierto hasta el 20 de marzo, según se recoge en la orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). En algunas comunicaciones se precisa que el límite se extiende hasta el 20 de marzo de 2026 inclusive, de modo que conviene revisar la convocatoria concreta para comprobar la anualidad a la que se refiere cada expediente.
La concesión de las ayudas se articula en régimen de concurrencia competitiva. Esto significa que todas las solicitudes válidamente presentadas se valoran de forma conjunta y se ordenan en función de una puntuación, hasta agotar el presupuesto disponible. No se trata de un sistema de “orden de llegada”, sino de un proceso de selección basado en criterios objetivos.
Entre los criterios de valoración figuran el tipo de labores propuestas, la pertenencia a una agrupación de titulares, el nivel de riesgo de incendios forestales en la zona, o el hecho de formar parte de una asociación de propietarios forestales. Con ello se pretende dar prioridad a proyectos con más impacto colectivo y en áreas especialmente sensibles.
Un contexto marcado por grandes incendios y cambio climático
La apuesta por este tipo de ayudas no surge de la nada. En los últimos años, Castilla y León ha sufrido incendios forestales de gran extensión e intensidad, con un elevado coste ambiental, económico y social. Estas situaciones han evidenciado las carencias en materia de prevención y la necesidad de impulsar una gestión forestal más activa, especialmente en los montes privados.
Los responsables autonómicos han subrayado que buena parte del problema reside en la acumulación de combustible en zonas donde la actividad tradicional (pastoreo, aprovechamientos de leña, trabajos forestales) se ha ido reduciendo. Sin intervenciones regulares, la vegetación se vuelve más densa y continua, lo que facilita la propagación de los fuegos.
Además, el cambio climático está intensificando las olas de calor y alargando los periodos de sequía, haciendo más frecuentes los episodios meteorológicos extremos. Todo ello incrementa la probabilidad de que un incendio se descontrole con rapidez, especialmente en paisajes poco gestionados. Este fenómeno de sequías y olas de calor agrava la situación.
En este contexto, las ayudas cofinanciadas por el FEADER y enmarcadas en el PEPAC se plantean como un instrumento para avanzar hacia un modelo de gestión forestal preventiva, donde la prioridad sea actuar antes de que se declare el fuego. La idea es sencilla: cuanto mejor cuidado esté el monte, más difícil será que un incendio alcance grandes dimensiones.
Según la Junta, la intención es ampliar la superficie de montes privados en la que se realizan labores selvícolas de prevención, llegando a más comarcas y a más propietarios. Si la respuesta del sector es amplia y la ejecución de los planes resulta eficaz, se espera una reducción progresiva del riesgo y de la severidad de los incendios forestales que se produzcan.
Con esta convocatoria, el Gobierno autonómico se alinea con otras regiones de España y de la Unión Europea que están apostando por programas integrales de prevención de incendios en montes privados, apoyándose en la colaboración entre administraciones, propietarios, asociaciones forestales y el conjunto del medio rural.
El paquete de ayudas puesto sobre la mesa por la Junta de Castilla y León combina financiación europea y autonómica para facilitar que los propietarios de montes privados elaboren y ejecuten planes quinquenales de prevención, con apoyos de hasta 90.000 euros por expediente y coberturas que alcanzan el 100 % de la inversión. En un escenario de riesgo creciente por los incendios forestales, esta línea se presenta como una oportunidad para profesionalizar la gestión selvícola, mejorar la seguridad del territorio y dar un impulso a la prevención en el medio rural de la comunidad.
